“Doy garantías que en mi comisión vamos a sacar un dictamen para que luego sea considerado en sesión. Actuamos de esa manera, en vista que no tenemos garantías que Constitucionales o Legislación tengan dictamen”, mencionó.
Ambas comisiones son presididas por los cartistas, Ramón Romero Roa y Bernardo Villalba, respectivamente, siendo el segundo el que defiende que los montos para las campañas se disparen a USD 706.000 por cada aportante.
Dijo que debido a que la Justicia Electoral no tiene los mecanismos ni la experiencia suficiente en el control financiero, se debe optar por incluir en la ley a la Contraloría y a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad).
“Aquí al colectivo general no le convence el control que hace la Justicia Electoral, eso está claro porque hasta hoy no nos dio ningún resultado que nos diga ‘este control realizamos o este es el procedimiento que hemos ejecutado’. En primer lugar, el TSJE no tiene la experiencia para hacer este control”, sostuvo.
Posturas encontradas. El estudio se estancó desde hace semanas debido a que los cartistas y aliados plantearon que el tope para la contribución de los aportantes suba de USD 70.600 a USD 706.600 por cada persona física o jurídica en forma anual.