13 may. 2024

Ratifican que gastos políticos deben tener control estricto

El diputado Éber Ovelar, del coloradismo disidente dentro de la Cámara Baja, mencionó ayer que la comisión asesora de Lucha contra el Narcotráfico que preside, garantiza que tendrá un dictamen respecto a la ley de financiamiento político, de modo a que en la próxima sesión del miércoles ya no quepan excusas para dilatar su tratamiento. Anunció que buscan que el tope de las campañas quede como está en la ley vigente, es decir, de hasta 5.000 jornales mínimos. Desean además dotar de manera “innegociable” que organismos serios de control coadyuven en fiscalizar el dinero que circula en campañas. El estudio fue aplazado por 15 días.

Debate.Ovelar (c) junto a Jorge Ávalos Mariño discuten con Villalba y R. Roa en plenaria.

Debate.Ovelar (c) junto a Jorge Ávalos Mariño discuten con Villalba y R. Roa en plenaria.

“Doy garantías que en mi comisión vamos a sacar un dictamen para que luego sea considerado en sesión. Actuamos de esa manera, en vista que no tenemos garantías que Constitucionales o Legislación tengan dictamen”, mencionó.

Ambas comisiones son presididas por los cartistas, Ramón Romero Roa y Bernardo Villalba, respectivamente, siendo el segundo el que defiende que los montos para las campañas se disparen a USD 706.000 por cada aportante.

Dijo que debido a que la Justicia Electoral no tiene los mecanismos ni la experiencia suficiente en el control financiero, se debe optar por incluir en la ley a la Contraloría y a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad).

“Aquí al colectivo general no le convence el control que hace la Justicia Electoral, eso está claro porque hasta hoy no nos dio ningún resultado que nos diga ‘este control realizamos o este es el procedimiento que hemos ejecutado’. En primer lugar, el TSJE no tiene la experiencia para hacer este control”, sostuvo.

Posturas encontradas. El estudio se estancó desde hace semanas debido a que los cartistas y aliados plantearon que el tope para la contribución de los aportantes suba de USD 70.600 a USD 706.600 por cada persona física o jurídica en forma anual.

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