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Mundo
domingo 25 de junio de 2017, 07:59

Ratas, humedad y hacinamiento en las cárceles rumanas

Moho, camas compartidas, ratas y cucarachas. Son las condiciones en las que viven miles de reclusos en Rumanía, cuyo sistema penitenciario ha sido criticado 150 veces en los últimos siete años por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
EFE

La última de esas amonestaciones se produjo el pasado 25 de abril, en respuesta a la denuncia de cuatro ciudadanos rumanos que están o habían estado en cuatro penitenciarías distintas, y que se quejaron del hacinamiento en las celdas, su falta de saneamiento o de baños y duchas, la mala calidad de los alimentos y la presencia de ratas e insectos.

El TEDH sostuvo que se ha producido una violación del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe el trato inhumano o degradante.

De hecho, la Corte dejó claro que la situación de estos cuatro ciudadanos no es un caso aislado sino "parte de un problema general que se origina en una disfunción estructural específica del sistema rumano de prisiones".

"En celdas de 13 metros cuadrados había 8 detenidos e, incluso, en 25 metros cuadrados había unos 35 condenados. Algunos debían dormir juntos", explica a Efe Alex, que pasó casi dos años en la prisión de Jilava (afueras de Bucarest), por robar coches de lujo.

"Las celdas con moho estaban invadidas de cucarachas, ratas, piojos y chinches", prosigue el exrecluso, de 33 años, que pide que no se le identifique por su apellido y quien nunca pensó, afirma, que "una persona pudiera ser tratada de manera tan despreciable e inhumana como en un calabozo en Rumanía".

Según los datos oficiales de la administración penitenciaria, las cárceles rumanas están a un 144 por ciento de su capacidad, si se toma en cuenta la norma europea de 4 metros cuadrados por interno.

Rumanía ingresó en la Unión Europea, hace diez años, y la cifra de reclusos en ese periodo ha pasado de 38.000 a 27.000.

Con todo, las malas condiciones en las cárceles rumanas han estado durante mucho tiempo fuera del debate político y social.

"Hasta hace bien poco, hasta que políticos importantes y empresarios empezaron a llegar a las cárceles, se rechazaba de plano debatir este tema", explica a Efe Sorin Dumitrascu, exdirector de la Administración Penitenciaria.

"Los culpables son los ministros de Justicia que, independiente de su color político, ignoraron la situación a lo largo de los años, con el pretexto de la falta de recursos", añade Dumitrascu.

El actual Gobierno socialdemócrata, en el poder desde hace seis meses, utilizó en febrero la excusa del hacinamiento para impulsar un indulto que buscaba excarcelar a casi tres mil presos, muchos de ellos condenados por soborno y abuso de poder.

Ese perdón, junto a una reforma legal que despenalizaba ciertos tipos de corrupción, fueron suspendidos ante una masiva ola de protesta, la mayor desde la caída de la dictadura comunista en 1989.

Esa amnistía, según Dumitrascu, no habría servido para reducir la masificación en las prisiones, sino todo lo contrario.

"Las medidas de amnistía e indulto alientan la criminalidad y, de hecho, causan un crecimiento del número de detenidos a medio y largo plazo", asegura.

Pese a la caída del número de reclusos en la última década, sigue habiendo muchas cárceles desbordadas, como la de Iasi (noreste).

"Tiene una capacidad de 730 personas, hay casi 1.500 camas y una superpoblación de alrededor el 173 por ciento", confiesa el director del centro, Marian Dima.

"En la celda con más hacinamiento, un detenido dispone de poco más de un metro y medio cuadrado", reconoce el responsable de Iasi.

Dima espera modernizar la instalación cuando se aplique el memorándum del Gobierno firmado en 2016, que se prevé asignar 740 millones de euros hasta 2023 a la mejora de las prisiones.

"En nuestros planes de inversión figura la construcción de tres pabellones con capacidad para 600 personas y por tanto resolver el problema de la sobrepoblación en un 90 por ciento", dice.

En su sentencia de abril el TEDH, ante "la importancia y la urgencia" del problema, insta a Rumanía a que en el plazo de seis meses presenten un calendario para aplicar medidas correctoras.