Tener Itaipú y Yacyretá no es una razón para garantizar un buen servicio de energía eléctrica. Arranco por ahí, puesto que al haber cortes del suministro, el grito común de los consumidores es "¡¿cómo puede ser que se vaya la luz si tenemos Itaipú?!”. El sistema eléctrico comprende tres etapas: generación, transmisión y distribución. Las binacionales (así como Acaray) constituyen solo la primera, no así la transmisión y distribución. Es en el último sistema en donde la ANDE no invirtió como debía en los últimos 20 años.
Sin parecer muy pretencioso, la ciudad de Asunción hoy debía haber tenido cableado subterráneo, si no en su totalidad, al menos en una gran proporción, como podemos ver en otras metrópolis del continente. De esa forma, los embates climáticos no causarían tantos estragos en los hogares y no veríamos marañas de cables por doquier.
La ANDE tiene excelentes profesionales, técnicos de gran nivel que se sacrifican sin importar el partido gobernante. Sin embargo, no se escapa del prebendarismo y también tiene una serie de falencias, producto de decisiones políticas en su momento, así como medidas anacrónicas que nada bien hacen a la institución. Una de ellas es el freezer de oro, escudado en el Plan de Cargos, Carreras y Salarios (PCC). Ex presidentes siguen cobrando elevados salarios, desde G. 30 millones en adelante, fungiendo como asesores del actual titular Víctor Romero.
Semanas atrás, una falla en el sistema de transmisión de Itaipú generó un apagón en casi todo el país. El impacto es de esperarse considerando que, de toda la energía que alimenta al territorio nacional, el 80% proviene solo de Itaipú, por una decisión de la ANDE. En el 2014 habían finalizado los trabajos de adecuación de las barras de la Línea Paraguaya 1 (LP1) para energizar en 500 kV los autotransformadores de la estación de Ayolas y permitir así la entrega de 750 MW a la ANDE desde la central de Yacyretá.
Pese a esto, aumenta la cesión de nuestra energía de la EBY y los argentinos ni siquiera pagan en tiempo y forma. Por el otro lado, los brasileños pagan regularmente. Entonces, sería prudente consumir menos energía de Itaipú y más de Yacyretá, para que así exista menos riesgo de un apagón casi total y, a la par, Brasil pagará más por la cesión de electricidad.
Para el 2025, según su plan, la ANDE necesita invertir casi USD 7.000 millones. A la fecha, solo tiene asegurados fondos por USD 1.000 millones. Si a esto le sumamos las trabas vecinales para construir subestaciones, los recortes de su presupuesto que hace el Ministerio de Hacienda y la imposibilidad de reajustar las tarifas (por pedido del Ejecutivo) para cobrar más a las grandes industrias (no a los consumidores residenciales), estamos ante un panorama desalentador. El clamor “que ande la ANDE” seguirá ahogado en los raudales con cada pertinaz lluvia.
