La propuesta fue hecha por los ediles Federico Franco Troche y Buye Buongermini, con relación a la ordenanza N° 217/12 “Que reglamenta la construcción y uso de veredas inclusivas”.
“Es una propuesta de modificación de ordenanza basada en la experiencia de más de 20 años de intentos. La construcción y mantenimiento de las veredas es responsabilidad de los propietarios frentistas, conforme a la ley. Partiendo de esta realidad se plantea una estrategia de intervención diferente”, explicó Troche.
Con esta idea de modificación se busca que el sector privado pueda participar en el proceso de mejora y así construir, reparar, conservar y regularizar las veredas en todo el territorio asunceno.
Última Hora abordó este problema dando a conocer las dificultades que viven las personas en sillas de ruedas para movilizarse diariamente en Asunción, a causa de una “indiferencia social para con las personas con discapacidad, que muchas veces obliga al encierro, por falta de iniciativas ciudadanas y políticas”.
Troche señaló que una caminata por Asunción es necesaria para darse cuenta del mal estado, en general, de las veredas. “Están rotas o mal mantenidas. Se nota la falta de veredas, de rampas para sillas de ruedas, desniveles y escaleras, accesos vehiculares mal construidos, anchos de veredas anti reglamentarios, copamiento indebido con obstáculos, de escombro”, citó.
En la ordenanza ya vigente se establece la obligatoriedad de la construcción y uso de aceras. Existen otras normativas que regulaban esta problemática sin embargo no han logrado cambiar la situación pese a que se trata de una ley donde se habla de sanciones.
Leyes que no se cumplen
En Asunción existen dos normativas municipales que establecen conceptos y criterios para la inclusión a nivel de infraestructura, la número 26.104 del año 1991 y la 217 del 2012, que incluso disponen cómo deben construirse las rampas en las calles.
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Su aplicación se encuentra en medio de una laguna de confusiones y falta de controles por parte de autoridades. Al respecto, desde el Juzgado de Faltas de la Junta Municipal estimaron que este año 36 comercios fueron sancionados por incumplir con la normativa. El año pasado la cifra llegó a más de 150, según informaron los encargados. De años anteriores no tienen dato alguno.
Las sanciones, según la ley, para quienes incumplan con las normativas, prevén multas de entre 10 y 20 jornales por faltas leves y graves, es decir, la Comuna ingresa a sus arcas desde G. 770.000 hasta G. 1.500.000 por este tipo de multas.
