EFE
Los ejemplos se acumulan como la basura, que en la cárcel federal del barrio porteño de Devoto, la única en la capital argentina, queda en una celda, depositada en cestos rotos. Los residuos se pudren y se filtran, junto a los hongos, los gusanos, las cucarachas y el olor nauseabundo que provocan.
En el penal bonaerense de Marcos Paz, una rata mordió a un preso. En marzo pasado, un funcionario que trabajaba en una unidad carcelaria de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, murió por hantavirus. Su esposa y sus colegas aseguran que se contagió en su trabajo. Dicen que allí también han visto murciélagos.
Las condiciones no son mejores para los presos de una unidad penal de La Plata, capital de la populosa provincia de Buenos Aires. Allí, los prisioneros viven casi 24 horas dentro de sus celdas, en las que deben bañarse, comer y utilizar los sanitarios.
La infraestructura y la higiene de las distintas cárceles argentinas, tanto del sistema federal como de los provinciales, han alertado a la Fiscalía especializada en materia de violencia institucional, que advierte un escenario de riesgo para las personas alojadas en los complejos penitenciarios.
Además, estos casos, entre otros tantos, fueron denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que ha realizado, en los últimos meses, casi treinta operativos y allanamientos en el marco de su investigación. El delito principal, consideran los fiscales, es la tortura.
A principios de marzo, la Procuvin presentó un recurso de hábeas corpus para resguardar a las personas recluidas en la cárcel federal de Marcos Paz tras constatar que varios presos habían sufrido un brote de sarna y faltaba acceso al agua potable. En abril presentaron otro, porque los reclamos no cesaron.
En el fondo, además, aparece una sospecha: la de presuntas maniobras de fraude a la administración pública, porque el déficit alimentario no se corresponde con el presupuesto destinado por el Estado.
Con esa hipótesis, la Procuvin ha allanado, por ejemplo, la cárcel de Devoto, la administración central del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y hasta los proveedores de alimentos.
Según el titular de la Procuvin, Miguel Palazzani, “es necesaria esa connivencia entre el privado y el público” para llegar a esta situación.
El Poder Judicial es, para Palazzani, otro “costado opaco” de la problemática, pues las investigaciones no culminan de acuerdo a la producción de denuncias ni los jueces van a las cárceles.
“Hay que ir a la cárcel. Que vayan y vean. No tendríamos que hablar de nada. Lo que pasa es que no van”, remarcó.
Dos semanas atrás, la Cámara Federal de La Plata aprobó un reglamento de visitas de jueces a establecimientos penitenciarios para verificar si el tratamiento de los detenidos y la organización de las cárceles “se ajustan a las prescripciones legales y reglamentarias vigentes”.
La situación en las prisiones fue reconocida recientemente por el jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña, en una exposición ante la Cámara de Diputados.
“Entendemos que hay un atraso en esta materia y claramente un problema de derechos humanos en nuestro país”, dijo.
En ese sentido, Juan Mahiques, encargado del diálogo entre el Ministerio de Justicia y el ámbito penitenciario federal, dijo a Efe que las mejoras deben plasmarse en una reforma de la ley que en 1973 dio origen al sistema.
Sancionada bajo una dictadura (1966-1973), la norma es, según Mahiques, “subsidiaria de una estructura militarizada” que responde a la “lógica de seguridad”, más que a la de “integración social de las personas privadas de su libertad”.
Mientras continúan las investigaciones de la Procuvin, el Ministerio de Justicia lleva adelante lo que denomina “dar el salto cualitativo hacia el paradigma de humanización de las cárceles”.
En ese marco, Mahiques ha ordenado recientemente una auditoría de todo el SPF.
Aún espera los resultados.
