En declaraciones a la prensa, el mandatario dijo ayer que tomó la decisión de no firmar nada ni vetar la propuesta sancionada por el Congreso.
Consideró que la Industrial Paraguaya había donado tiempo atrás las tierras a la Armada paraguaya, pero que nunca se inscribió en los registros públicos.
“Yo le escuché hasta al propio Justo Cárdenas (titular del Indert) hablar y si hay título de propiedad quiero que me lo traigan. No voy a firmar nada. Lo que voy a hacer es no vetar, pero hasta donde tengo entendido la Industrial Paraguaya ha donado a la Armada y nunca se inscribió”, apuntó.
El jefe de Estado aclaró que no es abogado y señaló que por una cuestión de forma y no de fondo hubo un juicio de usucapión y ganaron.
“Hay una discusión en donde creo que el Estado no tiene toda la fuerza y creo que han pedido inclusive a la Virgen de Caacupé que me ilumine”, aseveró Cartes.
Luego tiró el fardo a los legisladores y les recordó que fueron ellos quienes impulsaron la ley que fue sancionada por ambas cámaras del Congreso, en donde aceptaron la donación de la firma Campos Morombí a favor del Estado paraguayo.
“Yo pido que la Virgen de Caacupé ilumine a quienes demandaron esa ley porque hacen parte. Que esa luz de la Virgen nos llegue a todos, al Ejecutivo, al Legislativo”, retrucó el gobernante.
Reiteró que no vetará la ley y que tomó la decisión de allanarse a lo que recibió de parte del Legislativo.
“Hubieran discutido allá. También está el ex presidente (Fernando) Lugo que tuvo 4 años. Lo que voy a hacer es allanarme, porque creo que acorto problemas en aceptar algo que en un inicio era para el Estado y lo ha perdido por no atender un juicio. Y hoy la ley nos dice que es del Estado y si hay un título y es del Estado como algunos opinan, yo sigo esperando que me envíen para ver cuál es el número de finca. No se ha inscripto nunca”, argumentó.
ANTEBI CUÉ. Con relación a su decisión de objetar el proyecto de ley Nº 5521 que establece un régimen especial y transitorio para la regulación de la tenencia y ocupación irregular de fracciones de inmuebles en Antebi Cué, comentó que el Estado pagó USD 45 millones y que se expropió mal. Dijo que expertos juristas explicaron que es inconstitucional plantear cobrar para recuperar el dinero para el Estado.
