Por Catherine MacDonald y Marco Trujillo - Reuters
Por su parte, el Gobierno español, que ha enviado miles de efectivos policiales a la región para impedir la votación y que ha intentado desmantelar la infraestructura destinada a permitir su celebración, insistió el viernes en que el referendo no se llevará a cabo.
No obstante, el presidente catalán, Carles Puigdemont, dijo el viernes en una entrevista con Reuters que “está preparado todo para que efectivamente los más de 2.000 puntos de votación tengan las papeletas, tengan las urnas, tengan todo lo que tienen que tener para que la gente pueda expresar su opinión”.
Funcionarios regionales presentaron en una conferencia de prensa una de las urnas de plástico adquiridas para la consulta, que llevan el escudo del gobierno regional. Puigdemont declaró que más de 6.000 de estas urnas están siendo custodiadas en lugares secretos.
En otro revés a los preparativos del referendo, una juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó a Google eliminar una aplicación para dispositivos móviles usada por el gobierno catalán para informar sobre el referendo. Puigdemont tuiteó el miércoles un enlace para descargarla en la tienda Google Play.
Una portavoz de Google en España dijo que la compañía retira los contenidos de sus plataformas cuando recibe una orden judicial.
Los tribunales ordenaron también a la policía que acordone los colegios designados como centros de votación, pero en un intento por mantenerlos abiertos, grupos de padres convocaron una acampada frente a las escuelas este fin de semana, con carpas y sacos de dormir, paella gratis y cine.
Los separatistas han pedido a la gente que acuda a los centros electorales en una declaración masiva de “resistencia pacífica”, incluso aunque no puedan votar.
“Creo que no debe haber nadie ni que utilice la violencia, ni que quiera provocar violencia para poder afear un poco lo que ha sido una imagen irreprochable de la reivindicación del catalanismo independentista, que es pacífica”, dijo.
Cargos criminales
El Gobierno central, que reclama la autoridad de una Constitución que declara que el país es indivisible, se opone con fuerza a la votación, pero también expresó su esperanza de que el domingo sea una jornada pacífica.
“El próximo 1 de octubre no habrá referéndum”, dijo el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, agregando que los organizadores enfrentarán cargos penales si intentan seguir adelante con el plebiscito.
Cientos de miles de catalanes han salido en las calles en las últimas semanas para protestar contra la campaña de Madrid para impedir el voto. La policía ha confiscado miles de papeletas y los tribunales han multado y amenazado con arrestar a los funcionarios regionales.
En una muestra de que se esperan grandes multitudes de nuevo en las calles el domingo, la cadena de grandes almacenes El Corte Inglés anunció que cerrará sus tres tiendas en el centro de Barcelona. El Gobierno aseguró que el espacio aéreo de la ciudad será restringido de forma parcial.
Filas de tractores envueltos en la bandera catalana partieron el viernes desde las capitales provinciales con la intención de converger en Barcelona en apoyo del referendo.
Puigdemont pidió a la policía que no actúe “por motivos políticos” cuando cumpla sus funciones el domingo. “Me gustaría que actuaran con el mismo criterio que actúan los Mossos (d’Esquadra, policía regional) no por criterios políticos, no por órdenes políticas, sino por criterios policiales y profesionales”, comentó.
