Wilson Ferreira | Alto Paraná
La demanda fue hecha por el ingeniero Roque Godoy, intendente de Presidente Franco, en la causa número 642/16, donde pide que se abra una investigación sobre las administraciones anteriores a la suyas por supuestos casos de corrupción.
La causa actualmente se tramita en Ciudad del Este, donde luego de una recusación en cadena el expediente fue a parar en la unidad fiscal de la abogada Juliana Jiménez.
En la causa fueron imputados el pasado 28 de marzo los ex intendentes Alcides Fernández, Abrahán Alegre y Blanca Mirian Acuña García por la comisión del hecho punible contra el patrimonio (lesión de confianza).
La Fiscalía requirió seis meses de plazo a la magistrada Carina Frutos Recalde. En ese periodo se deberá realizar la presentación del requerimiento conclusivo, un proceso que vence este 28 de septiembre.
La imputación fue realizada por el fiscal Hugo Vázquez. La denuncia fue presentada el 10 de febrero del 2016 por la actual administración municipal.
CORRUPCIÓN
Fernández y Alegre están procesados porque supuestamente hicieron pagos y aprobaron obras que no cumplían con los mínimos requisitos en varias instituciones educativas de la zona. Según la investigación fiscal, pese a las irregularidades, de igual manera se procedió al pago a las empresas encargadas de llevar adelante los trabajos. Por su parte, Acuña es investigada por supuesto cobro de cheques de manera irregular en su rol de intendenta.
PARTÍCIPE
“En principio la causa estaba a cargo del fiscal Vázquez, quien imputó a los ex intendentes, estos le recusaron antes de que se trasladade a otro lado. El expediente fue a Ciudad del Este, donde se inhibieron varios fiscales y quedó con la fiscal Giménez, de la unidad número 1. No teníamos acceso al expediente porque no éramos parte, situación que ahora cambia con la querella adhesiva”, dijo Bartola Fernández, concejal municipal.
DETALLES
Entre las denuncias se encuentra el uso indebido del dinero público, abultamiento y falsificación de firmas para el cobro de viáticos, obras fantasmas y sobrefacturadas, facturas falsificadas y clonadas y falta de equipos adquiridos con fondos comunales. También transferencias de fondos a comisiones vecinales sin documentación.
En cuanto a recursos del Fonacide, de las 10 salas en las que se invirtió, según la denuncia, ninguna cumplió las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones.
Se encontró que un proyecto de empedrado con alcantarillado en el barrio San Antonio, por el que se pagó dos veces la suma de G. 131.670.000, y una revisión técnica de una obra por más de G. 60 millones, que jamás se realizó.
Otro caso es de una muralla en la escuela Saltos del Monday, donde se pagó G. 100 millones, pero no existe. Igualmente, un baño que costó G. 50 millones y que solamente tiene el lavadero; entre otros casos parecidos, según reveló la auditoría interna.
Fernández dijo que lo ocurrido en la Comuna es una afrenta a la dignidad de los vecinos de Presidente Franco. Recordó que a partir de la denuncia que realizaron ya se han constituido técnicos de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y Auditoría Interna de la Presidencia de la República, que confirmaron lo denunciado.
