Producción: An Morínigo.
“Te vas a ir al cuartel para que aprendas disciplina”, solía ser una amenaza recurrente de los padres de familia de antaño, de aquellos que no pudieron evitar que uno de sus hijos les saliera rebelde. Espejo de una sociedad de cabeza gacha y marcadamente militarista, funcional a la dictadura imperante, el servicio militar aparecía como la solución para los problemas de conducta juvenil. Hoy, ese discurso —que se creía superado— vuelve a ganar espacio.
El servicio militar obligatorio (SMO) había caído en el descrédito debido a los hechos de corrupción que rodeaban a la concesión de la libreta de baja, descubiertos merced a una investigación del diario Última Hora llevada adelante por el periodista Andrés Colmán Gutiérrez, con la ayuda de los objetores de conciencia.
“Cuando en los años 90 se empezó a denunciar la corrupción militar, se encontró que vendían la baja a una cuadra del distrito (como se conocía a la sede de la Dirección del Servicio de Reclutamiento y Movilización) en un copetín llamado Jim West. Mario Franco, objetor de conciencia, consiguió su baja por G. 300.000. Un señor de apellido Galarza estaba en connivencia con un coronel, que era quien firmaba los documentos. Se conseguía pagando entre G. 200.000 y G. 500.000, según la cara del cliente”, cuenta Vidal Acevedo, del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj-Py).
No es el único argumento en contra, ni el mayor. El motivo de oposición más importante hasta hoy es la lista de conscriptos muertos mientras cumplían el servicio. Según la Asociación de Familiares de Víctimas del Servicio Militar (Afavisem), de 1989 a la fecha son 157 los jóvenes fallecidos en los cuarteles, 21 de ellos en la noche del golpe que destituyó a Alfredo Stroessner Matiauda.
Los cuestionamientos al servicio militar desde buena parte de la sociedad, y fundamentalmente el trabajo llevado adelante desde la década de los 90 por los objetores de conciencia y la Afavisem, entre otros, habían conseguido relegar el cumplimiento estricto de la normativa constitucional (artículo 129) que obliga a ponerse bajo bandera a los varones que hayan cumplido 18 años.
Discurso afín
Parecía un tema superado, hasta que el candidato a la presidencia de la República por la Asociación Nacional Republicana (ANR)-Partido Colorado, Mario Abdo Benítez (h) incorporó a su discurso la necesidad de la vuelta del SMO, como solución a varios problemas que afectan a la sociedad paraguaya, entre ellos el supuesto aumento del índice de criminalidad, la drogadicción de los jóvenes y la pérdida de prácticas consideradas valores, como el despertarse temprano y el canto del Himno Nacional.
“No nos resulta extraño que el señor Mario Abdo Benítez esté pensando en revivir esa figura, ya que proviene de un ámbito familiar afín al stronismo militarista. No es raro que tenga esa visión de creer que la panacea sea el SMO para rectificar el rumbo de algunos jóvenes, que antes que un problema de la juventud es un problema social grave”, agrega Acevedo.
Si bien el servicio obligatorio existe en otros países, en Paraguay solo ha servido para que algunos militares tengan mano de obra gratuita. “Muchos trabajaban en olerías privadas, en las casas de coroneles y generales como criaditos, cuidaniños, jardineros y no precisamente en lo que es el objetivo del servicio, que es aprender a manejar armas y estrategias militares para una eventual defensa armada de la Patria”, resalta.
Pero del otro lado también hay argumentos para pedir que se cumpla el SMO, y la razón de mayor peso —sin olvidar que es una obligación constitucional— es que el país debe contar con una reserva lista para ser llamada en caso de conflicto bélico. “El SMO es una necesidad para el Estado, porque forma parte del sistema de defensa nacional”, señala el general (SR) Carlos Liseras.
Con el número de efectivos que actualmente conforman las Fuerzas Armadas en actividad, unos 15.000 hombres, Paraguay no está en condiciones de soportar una guerra. “Y al no tener una reserva, esas Fuerzas Armadas, ese país, deja de tener una defensa disuasiva o persuasiva”, advierte Liseras.
Sin embargo, es poco probable que nuestro país corra el riesgo de enfrentarse a otra nación en una guerra y, de última, siempre está a mano la diplomacia para resolver los conflictos de manera pacífica. Se puede agregar que Paraguay se encuentra rezagado en cuanto a armamentos, por lo que solucionar por las armas cualquier diferencia con otra nación no parece ser la mejor elección.
Pero como se dijo, el servicio militar obligatorio nunca fue eliminado en Paraguay. Es decir, siempre estuvo en vigor, por lo que el discurso del presidenciable oficialista debe entenderse en un contexto de campaña electoral que pretende atraer votos de los sectores más conservadores de la sociedad, al tiempo de congraciarse con el estamento militar.
Lo que sí se puede observar como efecto colateral de la posición pública de Abdo Benítez es que casi inmediatamente después de sus palabras, las Fuerzas Armadas —mediante un material audiovisual difundido a través de las redes sociales— hicieron un llamado a enrolarse a los jóvenes en edad de cumplir con el servicio militar.
Queda a conciencia
En el escenario actual, a lo previsto por la Constitución Nacional de 1992 se incorpora la figura de la objeción de conciencia para quienes no deseen cumplir con el SMO por razones religiosas o éticas, pero los obliga a hacer un servicio civil sustitutivo (SCS), que recién fue reglamentado en 2010. Ocho años después de ser sancionada la Ley n.º 4013, que establece la creación del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, quedó constituida esta instancia.
Al respecto, el Serpaj cuestiona el hecho de que el consejo va a tener la potestad de decidir si la objeción de un joven es viable o no. “Ese consejo no puede convertirse en un tribunal de investigación de la conciencia de la gente, porque es tu fuero íntimo el que te dice por qué te estás declarando objetor de conciencia, que puede ser un principio ético o religioso”, dice Acevedo.
Al abrir un proceso de “consideración” de las declaraciones de objeción, se está facultando inconstitucionalmente al consejo a investigar las razones por las cuales un joven se declara objetor y a determinar si esas razones son válidas o no, atentando igualmente contra el artículo 24 de la Carta Magna que establece: “Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de su ideología”.
También establece la prescriptibilidad del derecho a la objeción de conciencia, un derecho humano que como tal es imprescriptible; esto significa que su ejercicio no tiene límites de tiempo. Y al ser así, la objeción de conciencia es un derecho que puede ejercerse antes, durante o después de la prestación del servicio militar.
Latente
Liseras suma a sus argumentos que tampoco se puede descartar ningún conflicto con nuestros vecinos, a pesar de los lazos de fraternidad y colaboración que se han establecido con ellos, y aun cuando un enfrentamiento bélico no aparezca en nuestro horizonte. El exmilitar sostiene que incluso una salida diplomática es más factible si se cuenta con unas Fuerzas Armadas disuasivas.
Afirma que se negocia mejor si se tiene potencial bélico, y que ese potencial en un gran porcentaje se debe a la reserva de hombres, no tanto a las armas ni a la tecnología. “Nosotros somos especialistas en conflictos asimétricos. En las guerras que peleamos tuvimos que usar las técnicas de la solución de los conflictos asimétricos. Nuestras flaquezas se hicieron fortalezas”, agrega.
Con respecto a la utilización de conscriptos para tareas particulares, Liseras dice que se tergiversó la idea del empleo del personal militar. “El oficial, históricamente, siempre tuvo un secretario que le preparaba el uniforme. Lamentablemente, algunos ampliaron eso y los llevaron como choferes de sus esposas. Pero hoy es más grave. Son los civiles y los políticos los que utilizan a oficiales y suboficiales para atajar sombrillas y retirar ropa de la lavandería. El empleo irregular del personal no es propio solo de los oficiales”, señala.
El exuniformado también defiende las tareas de educación y salud en favor de los soldados y recuerda que los conscriptos son la clase más baja de la sociedad, que llegan con la barriga grande, llena de parásitos, desnutridos, sin saber leer ni escribir. “En el cuartel se les desparasitaba, medicaba, se les daba atención bucal, porque venían sin dientes. A los dos años salían con un físico envidiable, musculosos, sabiendo leer y escribir. Entonces las Fuerzas Armadas sí cumplen una función social”, afirma.
En lo que Liseras y los objetores de conciencia coinciden es en que el SMO no puede ser visto como la solución al problema de la delincuencia o la violencia, como lo da a entender Abdo Benítez en sus discursos.
“Hoy, por populismo político, quieren que el cuartel sirva como correccional. Pero al cuartel deben acudir los mejores hombres para la defensa armada. No se puede enviar a motoasaltantes ni a adictos a las drogas para que en los cuarteles se los corrija, porque no es la institución encargada de atender ese problema”, resalta el exmilitar.
Descartados los argumentos que aseveran que el SMO es la panacea para ciertos problemas sociales, en los platos de la balanza quedan, en un lado, la necesidad de contar con una reserva de ciudadanos aptos para el manejo de armas en caso de conflicto bélico; y en el otro, la cantidad de jóvenes fallecidos en cumplimiento de un servicio innecesario y caro, si se considera que su utilidad queda en duda ante la muy lejana posibilidad de un enfrentamiento armado con otros países.
Corresponde a la sociedad decidir si Paraguay le dice adiós a las armas, a través de la realización de una convención que reforme la Constitución Nacional, o si —por el contrario— se sigue mandando a los jóvenes a los cuarteles a prepararse para una hipotética guerra. La lucha por estas posiciones se vislumbra sin cuartel.
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Cuántos son
Se estima que entre 60.000 y 80.000 varones por año están en edad de cumplir el SMO. El Presupuesto General de la Nación solo prevé recursos para la incorporación de 5.800.
Pago por servicio (o llamada)
“El soldado cobra G. 150.000 mensuales si se queda en la región Oriental y G. 300.000 si va al Chaco. El objetor también debe recibir un pago de parte del Estado y eso va a producir otro desangre en un país que necesita invertir en educación, en salud, en el primer empleo. Creemos que en algún momento ambos deben ser optativos. De hecho, hay muchos jóvenes que voluntariamente prestan un servicio social en su comunidad. La palabra servicio se degenera al ser obligatorio”.
Estado que no paga
María Noguera es la titular de la Afavisem. Ella perdió a su hijo mayor, quien falleció mientras servía en Cimefor. “La reparación a las víctimas del SMO es una de las deudas pendientes del Estado paraguayo. Las pocas reparaciones y reconocimientos que se han conseguido fueron a través de instancias internacionales, y son contados con los dedos”, señaló.