Capriles apela al apoyo de los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para realizar el referéndum revocatorio en Venezuela.
“Pedimos su apoyo a Paraguay, a través del presidente, que en Venezuela queremos una solución pacífica constitucional democrática (sic)”, expresó en conferencia de prensa.
Asimismo, durante su visita a Cartes este lunes le agradeció su apoyo por la posición de Paraguay en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde la embajadora paraguaya Eliza Ruiz Díaz pidió que se apruebe el referéndum que permitirá a los venezolanos decidir si destituyen al sucesor de Hugo Chávez.
Para el opositor venezolano no se trata de una injerencia en los asuntos internos del país, pues considera que los miembros de los bloques regionales “pueden verse afectados por la situación que se vive en Venezuela”.
Comentó que su país está viviendo la peor crisis de su historia, pues miles de venezolanos forman filas para comprar comida, artículos y hasta medicamentos. En tanto que organizaciones acusan a los empresarios de boicot, por supuestamente guardar sus productos en depósitos y así alimentar la campaña de los opositores.
A pesar de que en los últimos años ingresaron USD 1.000 millones al país, se desconoce el destino de esos recursos y la pobreza aumento en más de un 80%, denunció.
“Venimos a pedir que no nos dejen solos”, insistió Capriles sobre su visita al Paraguay y agregó que durante el fin de semana, fue asesinado un venezolano más que solo pedía comida.
Según la embajadora ante la OEA Eliza Ruíz Díaz, la convocatoria para tratar la carta democráticasolicitada por el secretario general del organismo, Luis Almagro, será en este junio. En caso de aprobarse, se suspenderá a Venezuela del organismo internacional.
En diciembre del 2015, Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, se había reunido con Cartes y otras autoridades paraguayas para pedir su apoyo en las elecciones parlamentarias.
López fue condenado a casi 14 años de prisión por instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir, tras las largas manifestaciones que terminaron con más de 40 muertos y centenares de heridos.
