CARACAS, VENEZUELA
La oposición venezolana tomó ayer las principales calles de Caracas y otras ciudades, elevando su desafío al presidente Nicolás Maduro, quien prohibió las manifestaciones que afecten la elección, mañana, de una Asamblea Constituyente.
En medio de la lluvia, pequeños grupos comenzaron a bloquear vías de la capital desde el mediodía, tras concluir en la mañana una huelga general de 48 horas que dejó ocho muertos.
Algunas trancas también se registraban en la ciudad de San Cristóbal, en la frontera con Colombia.
Tras finalizar la huelga, el tráfico fluía con normalidad en Caracas, donde amplios sectores permanecían desolados desde el miércoles. Muchas barricadas fueron levantadas y el comercio volvió a abrir.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó el jueves a mantener las protestas de calle hasta el domingo, día de la votación. Será una abierta confrontación, pues el Gobierno prohibió las movilizaciones que afecten la elección de los 545 constituyentes y amenazó con cárcel de 5 a 10 años a quienes la boicoteen, medida rechazada por Amnistía Internacional.
La cifra de fallecidos en cuatro meses de protestas ascendió a 113, luego de que la Fiscalía confirmara este viernes la muerte de un policía que recibió un disparo en la cabeza el jueves en Ejido, estado Mérida. La ONG Foro Penal reportó medio centenar de detenidos el jueves, entre ellos Wuilly Arteaga, un joven de 23 años que habitualmente toca el violín en las manifestaciones, arrestado por militares en Caracas.
“Tenemos que prepararnos para profundizar el conflicto. El régimen no ha dado muestras de que vaya a suspender ese proceso”, afirmó el diputado Freddy Guevara.
Alta tensión. La Constituyente aumentó la tensión en un país polarizado y sumido -pese a su riqueza petrolera- en una profunda crisis, con brutal inflación y grave escasez de alimentos y medicinas.
Temerosos de que falte la comida y haya mayor caos y violencia, muchos venezolanos se abastecieron de alimentos y miles cruzaron la frontera hacia Colombia.
Maduro, cuya gestión es rechazada por 80% de la población según la firma Datanálisis, asegura que la Constituyente traerá paz.
Busca elevar a rango constitucional el control de precios y la distribución de alimentos subsidiados. Para los opositores será la bancarrota.
Pura palabrería. Días antes de la elección, el gobierno de Donald Trump sancionó a 13 funcionarios y militares venezolanos acusándolos de “minar la democracia” y de actos de violencia o corrupción.
Pero Maduro ratificó que la Constituyente no tiene marcha atrás. El mandatario acusa a sus adversarios de intentar un golpe de Estado con apoyo de Washington, y acusa de sumisión al “imperio” a gobiernos de Latinoamérica y Europa que pidieron frenar la Constituyente.
El presidente también planteó a la MUD iniciar un diálogo antes de la votación.
“Pura palabrería. Ni por un momento podemos bajar la presión basado en falsas ilusiones”, dijo Guevara, al afirmar que la alianza opositora no ha recibido propuestas serias de diálogo.
Para sacar adelante su proyecto, Maduro cuenta con apoyo del máximo tribunal de justicia, del poder electoral y de los militares, a quienes ha dado gran poder político y económico.
La MUD decidió no participar, alegando que la Constituyente no fue convocada en referendo y que el sistema comicial fue diseñado para que el gobierno la controle y haga una Carta Magna a su medida para instaurar una dictadura.
El rechazo interno y externo a la Constituyente afecta su legitimidad por ello Maduro busca la participación
