El senador Arnaldo Giuzzio, del Partido Democrático Progresista (PDP), informó ayer que hoy presentan la denuncia contra el fiscal adjunto, Federico Espinoza, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones. Acusa a Espinoza de estar vinculado al Poder Ejecutivo, del que “cumple órdenes”.
En conferencia de prensa, Giuzzio, Eduardo Petta (independiente) y Enrique Bacchetta (ANR) manifestaron que la Fiscalía alega que el hecho de que el Senado está estudiando el juicio político a tres ministros de la Corte Suprema de Justicia (Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y César Garay), ya es motivo suficiente para apartarse de los casos procesales en los que está involucrado el ex ministro del Interior, Rafael Filizzola, quien es marido de la senadora Desirée Masi (PDP).
Filizzola fue imputado por la Fiscalía por supuesta lesión de confianza por la ampliación de las comisarías y por la presunta compra irregular de helicópteros para la Policía.
El político recurrió a la Corte con una acción de inconstitucionalidad que hizo reaccionar a la Fiscalía, cuyos agentes recusaron a los altos magistrados, alegando que Blanco, Bajac y Garay se encuentran vinculados a un procedimiento de juicio político, por lo que los principios de imparcialidad se ven seriamente vulnerados porque la esposa de Filizzola, Desirée Masi, integra el Senado que debe definir dichos juicios.
Insistencia. Giuzzio declaró que el pedido del fiscal ya fue rechazado, pero este sigue insistiendo, a través de otros fiscales subordinados, en recusar a los ministros sosteniendo que puede existir tráfico de influencias o presión de parte de los senadores del PDP para blanquear a Filizzola. Eso, supuestamente, a cambio de no votar por la condena en el juicio político.
“Llamó la atención cuando se recusó al ministro Blanco, que no es santo de mi devoción. En la nota menciona que había sido imputado por prevaricato y por esa circunstancia solicita que se lo excuse. En mi época de fiscal cuando una parte quería apartarme me denunciaba ante el JEM. Quien tiene que inhibirse por ley es el juez o el fiscal, no la parte afectada”, relató Giuzzio.
Indicó que los senadores notan, en general, que el Ministerio Público está asumiendo posiciones que en el contexto actual se puede interpretar que la Fiscalía está siendo utilizada por el Poder Ejecutivo.
“Acá la realidad es que (la Fiscalía) no es otra cosa más que el brazo ejecutor de decisiones del Poder Ejecutivo”, indicó Giuzzio.
Pruebas. Por su parte, Petta declaró que los fiscales adjuntos en ningún momento pueden participar en un proceso. “Exigimos que denuncie y que con pruebas demuestre el tráfico de influencias de los senadores del PDP. Exigimos al Ministerio Público que presente las denuncias correspondientes contra los ministros ante Diputados”, aseveró el legislador.
