Cristina García Casado - EFE
A no ser que ocurra un hecho de gran gravedad o que se recrudezca la violencia en Venezuela antes del martes, los embajadores que llevan en la OEA este debate prefieren reunirse en Washington después de conocer la decisión de sus ministros en Lima, explicaron hoy a Efe varias fuentes diplomáticas.
Los países que asistirán a la cita de cancilleres son los mismos que este 26 de julio exigieron con una declaración conjunta en la OEA al Gobierno de Nicolás Maduro que suspendiera la Asamblea Constituyente, que se instaló ayer tras ser elegida el domingo pasado.
Se trata de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, y Paraguay.
Estados Unidos, que forma parte de este grupo, no ha informado por el momento si tiene previsto participar.
Este bloque de países, los más críticos de la región con la deriva tomada por Maduro, ha optado por evaluar los pasos a dar fuera de la OEA tras constatar en la Asamblea General del organismo en Cancún (México) este junio que no tiene apoyos suficientes para aprobar decisiones en la alianza, ni siquiera una declaración.
Pero Almagro no está dispuesto a que la OEA deje de ser el foro principal de la crisis venezolana en la región, por lo que el miércoles solicitó una reunión urgente del Consejo Permanente del organismo para aplicar la Carta Democrática.
“La gravedad de la situación y la creciente acumulación de libertades y garantías en el país colocan a nuestra organización y a los Estados que la componen en la obligación de realizar perentoriamente la evaluación colectiva que marca el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y pronunciarse al respecto”, argumentó en su solicitud.
El presidente de turno del Consejo, el embajador brasileño José Luiz Machado, abrió consultas con los Estados miembros para ver si la propuesta de Almagro, que planteaba celebrar la reunión el viernes o este sábado, tenía apoyos.
Fuentes consultadas por Efe apuntaron al miércoles como el día más probable para el encuentro, ya que el escenario de citarse el lunes solo se contempla en caso de que ocurra algo muy grave en Venezueladurante el fin de semana.
Lo que no está claro, según esas fuentes, es si todos los países del bloque de los trece estarán dispuestos a seguir a Almagro en su planteamiento de que la sesión incluya un voto para avanzar en el proceso de la Carta Democrática, cuya última consecuencia es la suspensión de la pertenencia a la OEA.
Excluir a Venezuela del organismo -algo que Almagro ya pidió en marzo si no había elecciones generales- sigue siendo una medida que este grupo de países ve como un último recurso al que no se puede llegar sin haber agotado la vía diplomática.
Además, ponen en duda la utilidad de esa sanción -con la que Venezuela dejaría de participar en sus actividades y programas- para solucionar la crisis.
Es más, Maduro ya se adelantó a ese posible señalamiento cuando en abril pidió la salida del organismo, que no será efectiva hasta 2019.
Almagro quiere que, tras la instalación de la Constituyente, que considera “ilegítima”, los países de la OEA se pronuncien, como indica la Carta, sobre si en Venezuela hay “una alteración del orden constitucional” que afecta “gravemente su orden democrático”.
El Consejo, donde cada embajador tiene un voto, decidiría si existe esa “alteración” por mayoría (18).
Si considera que ese es el caso, puede aprobar distintas medidas, entre ellas las gestiones diplomáticas para “promover la normalización de la institucionalidad democrática”.
De fracasar estas o si el caso es urgente, el Consejo puede convocar una Asamblea General extraordinaria, para lo cual son necesarios dos tercios de los votos de los 35 Estados miembros (24).
En esa Asamblea, que puede volver a intentar las gestiones diplomáticas, dos tercios de los cancilleres pueden suspender la pertenencia del Estado a la organización si estiman que “se ha producido la ruptura del orden democrático”.
Ese escenario es impensable mientras Venezuela mantenga el apoyo firme de los países caribeños, beneficiados durante años por su petróleo subvencionado y programas de desarrollo.
Esas pequeñas naciones ya libraron a Maduro en Cancún de una condena regional que sus promotores, las mayores potencias del continente, llegaron a dar por segura.
