Al mediodía cinco concejales, entre ellos Adolfo Lezcano, quien oficia como presidente de la Junta, Fernando Báez, Víctor Silvera, Rosa González y Blas Delgado, presentaron ante la mesa de entrada el pedido oficial.
“Estamos cumpliendo con los trámites de rigor para que luego que se expida el Ministerio, el dictamen pase a Diputados, quien finalmente decidirá. Estamos seguros de los argumentos”, señaló.
Lezcano agregó que las denuncias y sus detalles se remitieron en dos biblioratos que constan de 721 fojas.
Explicó que a partir de la presentación, el Ministerio a cargo de Francisco De Vargas tiene seis días hábiles para expedirse y que tras el dictamen, el documento pasa a Diputados.
“Allí seguramente seremos convocados por la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara Baja para explicar las denuncias y, por otra parte, también serán llamados el intendente y sus técnicos para defenderse”, señaló. El pedido había sido aprobado por 6 ediles colorados y el concejal liberal Daniel Molinas.
Para el intendente Gómez las motivaciones son políticas y considera débiles las acusaciones. La denuncia más llamativa es la supuesta sobrefacturación de un arreglo de puente vecinal, que costó G. 958 millones.
Préstamo. Desde el pedido de intervención las relaciones en el Municipio han estado marcadas por la polarización. Así, el último pedido que hizo el intendente a su Junta para que apruebe un préstamo por G. 1.800 millones fue rechazado por los 7 concejales que le son adversos. Según el edil Fernando Báez, el préstamo no se justificaba, dado que en el Municipio ingresó cerca de G. 12.000 millones en los últimos meses.
