Las sorprendentes derivaciones del caso Medina en Canindeyú evidencian la permeabilidad más absoluta, pero también la más profunda, de la vida política paraguaya por el narcotráfico. Nombres de intendentes, legisladores y dirigentes partidarios van saltando a la luz pública a medida que la investigación del caso avanza, dando cuenta de las verdaderas dimensiones que el fenómeno de la narcopolítica tiene en el Paraguay.
Al tiempo que los escalofriantes datos son dados a conocer, presidentes de los partidos políticos intentan vanamente parapetarse en argumentaciones de carácter legal para justificar los motivos por los cuales permitieron –ya sea por acción o por omisión– que la hidra de siete cabezas del narcotráfico se inflitrara fuertemente en sus respectivas colectividades, cooptando las voluntades de dirigentes de diversa laya –cuando no reclutándolos incluso como propios elementos de su cadena de comercialización– para obtener libertad de movimiento e impunidad.
Ante esta deplorable y degradante situación, el ciudadano común se pregunta cómo es posible que gente tan moralmente deteriorada haya sido tolerada en los partidos políticos. Más aún, que tuviera el camino expedito para ascender en el escalafón de la participación partidaria hasta acceder a importantes cargos públicos. En el dinero fácil del tráfico de estupefacientes que todo lo mancha y lo corrompe ha de ser encontrada la respuesta.
De acuerdo con lo expresado por dos o tres referentes partidarios del más alto nivel, el responsable de este desmadre es el artículo 197 de la Constitución Nacional, que solo inhabilita para ser candidato a diputado o senador a los delincuentes condenados con sentencia firme.
Vaya excusa e incongruencia. Se supone que en un partido político que se precie de ser serio, democrático y transparente solo deben ser promovidas aquellas figuras que tienen un legajo impecable, con probada vocación de servicio y muestras de apego al ordenamiento legal de la República. Máxime cuando se trata de personas a las que una nucleación decide avalar, con el prestigio de su nombre y de su historia, para pugnar electoralmente por una banca parlamentaria o por el cargo que fuese.
En estos momentos, los partidos y su dirigencia deben ser los primeros interesados en sanear sus cuadros de gente impresentable. Es su reputación y su capacidad de intermediación y representación las que están en juego.
Ante la gravedad de la hora presente, cuando la República se debate ante una delicada situación de virtual colombianización que compromete su nombre ante la comunidad internacional –cabiendo incluso la posibilidad de convertir al Paraguay en un Estado fallido–, los líderes de los partidos deben demostrar su compromiso con el país y adoptar todas las medidas que sean del caso para expulsar de sus cuadros a los narcopolíticos, al tiempo de impedir, en adelante, que más hombres y mujeres vinculados con este flagelo accedan a nuevos cargos en los distintos niveles del ámbito gubernamental. En esta sensible cuestión la intransigencia ha de ser absolulta y permanente.
