Cuando el temido empresario de frontera Jorge Rafaat Toumani se movilizaba por las céntricas calles de Pedro Juan Caballero, exhibía un esquema de seguridad tanto o más aparatoso que el del propio presidente de la República.
Iba generalmente a bordo de su lujosa Hummer blindada, seguida y precedida por varias otras camionetas todoterreno, llenas de guardias armados, quienes procedían a cortar el tránsito con total impunidad, obligando a los ciudadanos comunes a desviar o a detenerse para que él pueda entrar o salir de sus oficinas y locales comerciales.
Ni a la Policía, ni a los fiscales, ni a los jueces, ni a las autoridades municipales les molestó nunca que un civil ordene clausurar diariamente un espacio público. Tampoco les llamó la atención que en su ejército privado hagan visible ostentación de poderosas armas de guerra, cuyo uso solo les está permitido a las fuerzas de seguridad.
Recién después del cinematográfico atentado en que Rafaat fue asesinado en la noche del miércoles, cuando detuvieron a varios de sus guardaespaldas, los fiscales se dieron cuenta de que “tenían en su poder un arsenal de grueso calibre” y les imputaron por violación a la Ley de Armas, cuando esta situación ya había sido denunciada varias veces a través de la prensa.
Hacía años que Rafaat estaba caracterizado como el nuevo poderoso capo narco en la región, pero la Justicia y la Policía del Paraguay no solo fingían ignorarlo por completo, sino que además le concedían o le toleraban abiertamente sus privilegios de protección especial, violando leyes, a pesar de que era público que en Brasil soportaba un proceso por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero, evasión fiscal y delitos vinculantes, y que el legendario juez Odilón de Oliveira lo había condenado a 47 años de cárcel, pena que sus abogados intentaban evitar afanosamente.
Es para creer lo que dijo el narco Ezequiel de Souza en la famosa conversación grabada por el senador Arnaldo Giuzzio y luego filtrada a la prensa, afirmando que Rafaat pagaba puntualmente coimas a policías, fiscales, jueces y militares. ¿Cuántos se quedaron ahora sin su fuente de ingreso?
El caso de Rafaat no es único. Hay una larga lista de personajes a los que la prensa llama eufemísticamente empresarios de frontera, porque no hay asideros jurídicos para llamarlos narcotraficantes, bajo el riesgo de acabar enjuiciado por difamación y calumnia, a pesar de que todos saben que son capomafiosos.
Poseen grandes comercios y empresas de fachada, son dueños de medios de comunicación, tienen su mansiones en el Brasil, pero hacen sus fechorías en el Paraguay. Aparecen en las fotos de sociales como personajes de farándula. Se presentan a elecciones y a veces las ganan. Se creen poderosos e intocables, dueños de vidas y de muertes.
Hasta que se les cruza algún lujoso vehículo con una ametralladora antiaérea...
