La semana pasada estuvo muy densa. No tanto porque los diputados incurrieron en un acto de inconstitucionalidad para autoblindarse. Ni porque surgieron nuevas encuestas electorales o por el espectáculo-conferencia de dos argentinos antifeministas extremos en plena sede del Partido Colorado, bajo recomendación del arzobispo de Asunción.
Ninguno de estos temas abrumaron tanto, ni significaron el peso y tensión que provocan contractura muscular en las espaldas y la necesidad de golpear varias veces el puño contra la pared, como la seguidilla de denuncias de abusos de niñas y niños. Más aún, por la confirmación de que al menos dos niñas víctimas de violación están embarazadas y que para ellas no funcionó el mentado sistema de protección nacional de la niñez y la adolescencia.
Solo al hacerse públicas las denuncias, se movieron las instituciones del ámbito de la Niñez y la Adolescencia.
Tomamos uno de los casos para resumir lo tremendamente vulnerable que significa ser niña en un país donde la vida de 1.949.272 compatriotas transcurre en situación de pobreza y extrema pobreza, en el que fácilmente se reafirma una sociedad machista y violenta, donde los derechos humanos no rigen íntegramente para todos, y donde las nenas son vistas como objeto.
A sus escasos 11 años, una de las niñas, cuya situación duele y debería avergonzarnos como sociedad, había sido entregada a fines del año pasado por la madre a una maestra para que, a cambio de que realice los trabajos domésticos, la alimente y la envíe a la escuela. Algo aún común en el Paraguay de los derechos humanos en papel y donde el criadazgo se ha normalizado y no está mal visto.
La pareja de la docente, hasta ahora prófugo, abusó de la niña. La pequeña lleva seis meses de gestación y volvió al entorno de abandono y escasez de su hogar materno. Como en tantos otros casos, también en esta historia la paternidad responsable está ausente.
Si buceamos aún más en el contexto que hace a este hecho, encontraremos a una mujer, madre soltera de otros tres niños viviendo en una vivienda precaria, en un asentamiento y en uno de los departamentos más pobres: San Pedro. Según informaron, ella tiene nueva pareja, y buscando preservarla y hallarle mejor condición de vida, confió su cuidado a una docente de la localidad de Unión. Pero el remedio resultó peor que la enfermedad. El infierno de la niña comenzó con el desprendimiento familiar al que la obligaron acogerse.
Ahora, aunque sigue siendo una niña, a la que ni su familia ni el Estado ampararon ni brindaron protección para que sea tal, y se desarrolle en toda su potencialidad, la pequeña lleva en su vientre una vida en gestación a la que el entorno inmediato solo puede ofrecer formar parte de una espiral de pobreza. Como a la niña-madre en que se convertirá su progenitora. De esta lacerante realidad no hablan los miles de candidatos que pululan desde hace meses en todo el Paraguay, aspirando a formar parte del próximo gobierno, con todo tipo de promesas de “un mejor país”. Como si este fuera posible construir, ignorando lo que casi dos millones de compatriotas están pasando.
Los abusos en niños, la triste condición de segundo país en el Cono Sur con más embarazo adolescente; los miles de asentamientos de sintechos; los indígenas desplazados hacia todas las cabeceras departamentales en total desamparo, el consumo masivo de crac por estos en sitios como el microcentro asunceno.
La necesidad de ampliar los programas sociales y de atender el déficit habitacional, la escasa cobertura de la seguridad social, el reducido presupuesto de la Secretaría de la Niñez y de multiplicar los programas de promoción de la mujer son temas sobre los que deberían comprometerse ahora los candidatos y ofrecer soluciones.
La violencia social y el rostro infantil y femenino de la pobreza deben encabezar sus agendas, si realmente pretenden cambiar algo.
