La lluvia se privatizó en Bolivia. Como consecuencia estalló la llamada guerra del agua, entre febrero y abril del año 2000, que terminó con esa aberrante decisión.
La historia comenzó con la ola de privatizaciones que se dieron en Bolivia en la década de 1990, por presión del Banco Mundial y participación activa de los presidentes Bánzer y Sánchez de Lozada. El servicio de agua de Cochabamba quedó en manos de un consorcio de empresas privadas liderado por la multinacional Bechtel; el objetivo era aumentar las ganancias a toda costa. Por eso la tarifa mínima mensual del agua subió al equivalente a 20 dólares, siendo que los maestros ganaban unos 80 dólares mensuales, y los maestros no eran los más pobres. Según algunos las tarifas subieron en un 50% y según otros, hasta 200%; el hecho es que subieron mucho. Y lo peor del caso es que se le prohibió a la gente recoger el agua de lluvia; vale decir, se privatizó la lluvia.
La ola de protestas, huelgas y manifestaciones públicas hizo que el Gobierno rescindiera su acuerdo con Bechtel, que recurrió a un tribunal internacional para pedir una indemnización por el lucro cesante. Al final, Bechtel debió retirar su demanda, porque el escándalo internacional fue demasiado grande.
Cito el caso de Bolivia porque ahora, en el Paraguay, se propone establecer una alianza del sector público con el sector privado, que no es un nuevo rumbo, sino uno viejo, pues se quiere privatizar todo, como se hizo en otros países, incluyendo Bolivia, con pésimos resultados. El problema no está solamente en la corrupción que acompañó esas privatizaciones salvajes, sino en la ideología política. Ni a los animales se les niega agua, ¿por qué se les va a negar a los seres humanos?
El agua no debe ser una mercadería que se pueda conseguir solo pagando; es un derecho básico, como el derecho a la vida. De hecho, sin agua no hay vida, y con agua a cuentagotas, hay un pésimo nivel de vida. Lo mismo vale para otros servicios básicos, como la salud o la educación, que no pueden estar al alcance de quienes pagan y de nadie más. El Estado debe asumir la función de proveer esos servicios básicos por una cuestión de principios, y no para ganar dinero.
Los problemas de las privatizaciones al estilo Black Friday, o sea el remate de los bienes nacionales, se sienten a corto y a largo plazo. Ellas vienen acompañadas de cláusulas que anulan la soberanía nacional y encargan a los tribunales internacionales la solución de los conflictos. Por supuesto, en esos tribunales vamos a perder, como ya perdimos 85 millones de dólares en el caso Gramont, de la manera más injusta. Lo que está en juego es mucho más de 85 millones, así que debemos preocuparnos. Hace sospechar el apuro por la aprobación de la ley en el Congreso paraguayo.