El fiscal Federico Espinoza remitió el escrito de denuncia contra el comandante de las Fuerzas Militares, Luis Gonzaga Garcete Espínola, a la Suprema Corte de Justicia Militar por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza, para que sea esta la que inicie un proceso penal.
Con esta decisión el Ministerio Público se lava las manos y evita entender en el tema que afecta a uno de los protegidos del entorno presidencial.
Espinoza mencionó que el Código Penal Militar sanciona determinadas conductas, entre las cuales podrían igualmente encuadrarse las acciones realizas por el comandante Garcete.
Además, indicó que en el Código Penal común los hechos podrían ser calificados como lesión de confianza, pero en el Código Penal Militar como malversación.
Asimismo, el escrito refiere que los datos brindados a través de la prensa escrita darían lugar a la formación de una hipótesis que implicaría un detrimento al patrimonio de la Comandancia de las Fuerzas Militares y en tal sentido, podría involucrar conductas relevantes al ámbito penal.
También añadió Espinoza que los tribunales militares constituyen órganos que ejercen actos jurisdiccionales propios e independientes del Poder Judicial.
irregularidades. A través de notas periodísticas se comprobó que se ejecutó solo el 60% en la construcción de la Escuela de Infantería de Chaco’i. Sin embargo, se había abonado el 100% del valor contractual.
Por tal motivo, se demostró que Garcete, en su carácter de comandante de las Fuerzas Militares, aceptó de la aseguradora la irrisoria suma de G. 183.000.000, cuando se abonó el total de la obra, cuyo valor ascendía a la suma de G. 3.500.000.000.
También la máxima autoridad militar habría utilizado la suma de G. 30.000.000.000 provenientes de los fondos del Fonacide para el acondicionamiento y mejoras de oficinas de su unidad, camarotes de comandantes, casinos, áreas recreativas, entre otras cosas, cuando la autorización del presidente de la República, Horacio Cartes, decía que sería para la construcción y reparación de edificios que afectan a polvorines y armerías. Al final, estas obras nunca se realizaron.
Por otra parte, el fiscal adjunto mencionó que con respecto al hecho punible de cobro indebido de honorarios que habría sido cometido supuestamente por la esposa del comandante, Lucía Duarte, sí es objeto de investigación ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos. Este caso será llevado por la fiscala Yolanda Portillo.
Duarte cobraba alrededor de G. 3.500.000 todos los meses sin asistir a su puesto de trabajo en el Ministerio de Defensa. Incluso funcionarios a cargo del jefe militar se desempeñaban como choferes de la esposa e hijos.
