Con la bendición del cartismo, asumió como interino el director jurídico Roy Rodgers, luego de una polémica disputa jurídica, hasta tanto el Congreso elija a las nuevas autoridades.
DESCONTROL. La Contraloría es el organismo fiscalizador por excelencia. Controla, vigila y fiscaliza los bienes públicos y el patrimonio del Estado, los de las entidades regionales o departamentales, los de las municipalidades, los del Banco Central y los de los demás bancos del Estado o mixtos, los de las entidades autónomas, autárquicas o descentralizadas, así como los de las empresas del Estado o mixtas. Es el gran ojo y el gran juez de los funcionarios que administran el dinero del pueblo.
Contrariamente a sus fines, la institución estuvo marcada por la corrupción de sus directivos de turno que se enriquecieron a costa de coerción y chantaje.
Varios pasaron por la institución, pero ninguno dejó como herencia la ética y el coraje para combatir la corrupción estatal.
Uno de los casos más escandalosos fue el del liberal Daniel Fretes Ventre, quien fue condenado a 12 años de cárcel por lavado de dinero a través de su universidad.
Óscar Velázquez también marca un hito en su negra historia.
El escándalo de la secretaria vip que ganaba siderales sumas por horas extras sin trabajar descorrió el velo y puso en el tapete numerosas irregularidades y corrupción en la institución.
Las publicaciones periodísticas fueron de tal contundencia que el Congreso no tuvo alternativa que iniciar el juicio político. Renunció horas antes de su destitución sin aceptar sus culpas y tirando el fardo a la subcontralora.
Con su salida indecorosa no hizo otra cosa sino agregar otra mancha más al desprestigiado Unace, partido que lo apadrinó de la mano del senador Jorge Oviedo Matto.
La subcontralora Torreblanca, del PLRA, no quedó atrás. Tenía los mismos pecados del contralor, y si bien no tenía una voluptuosa secretaria vip, sí a su esposo, cuya empresa de auditoría se encargaba de preparar informes de gastos de municipios y gobernaciones, cuyos presupuestos ella debía fiscalizar.
Lo que se dice un negocio redondo.
Tanto era el nivel de impunidad que reinaba allí que ni siquiera se tomaron la molestia de alquilar una oficina para disimular. La firma funciona en la misma casa de la pareja.
Tanto Velázquez como Torreblanca salieron por la puerta trasera y sus respectivas renuncias no lavan en lo más mínimo las manchas que dejan en la institución, a la que rebajaron a los sótanos de la inmoralidad y vaciamiento ético.
Es de esperar que el proceso no acabe con la simple renuncia al cargo de los mismos y que la Justicia llegue hasta el final con las sentencias correspondientes y la devolución del dinero público despilfarrado en esta pornografía política.
golpe a los partidos. El escándalo de la Contraloría va mucho más allá de Velázquez y Torreblanca. Aparte de triturar la imagen institucional, sus cuestionadas gestiones empeoraron el desprestigio de los partidos políticos.
Velázquez no hizo otra cosa sino ahondar la crisis del Unace, partido oviedista que nunca se caracterizó por los valores democráticos ni la ética en la función pública. Él apenas fue un peón gris de esta nefasta historia.
A su vez, Torreblanca contribuyó a empeorar la cada vez más desdibujada imagen del PLRA, que reclama el cargo que históricamente se ha dado al partido de oposición.
La actuación de la subcontralora dejó en entredicho a los liberales, ya que no ejerció mínimamente su rol de fiscalización. La izquierda aprovecha para meter su cuña reclamando el cargo.
Esta decadencia partidaria puede dar lugar a otra discusión donde lo técnico se imponga sobre lo político. En términos de opinión pública probablemente tendrá mejor posicionamiento un candidato que no responda a ningún sector político. Y esta será la gran derrota moral de los partidos.
Ahora se instala la negociación para elegir al nuevo contralor y subcontralor. El Senado debe conformar las ternas mientras que la designación queda a cargo de los diputados, según establece la Constitución. En ambas instancias, las decisiones requieren mayoría absoluta, lo cual exige un gran acuerdo político.
¿Se animarán a nombrar a un verdadero fiscalizador o, como siempre, a otro títere corruptible?
