Nancy Torreblanca, ex contralora, se presentó ayer al Palacio de Justicia para comparecer ante el juez Alcides Corbeta, en la causa que atraviesa por pagos irregulares de salarios y horas extras a funcionarios de la mencionada institución. Una de las medidas impuestas por el magistrado es que la ex funcionaria no debe acercarse ni recurrir a la Contraloría General de la República; caso contrario, irá a prisión.
Torreblanca, quien asumió al cargo días después de que Óscar Velázquez presentara su renuncia, no quiso dar declaraciones a la prensa y se mostró molesta por la decisión del juez.
La audiencia de imposición de medidas se inició a las 9.00 y aproximadamente a las 10.00 culminó la diligencia.
El magistrado mencionó que Torreblanca fue beneficiada con medidas alternativas a la prisión, a pedido de la fiscala Victoria Acuña. Además, no podrá salir del país y deberá presentarse ante la secretaría una vez al mes.
En la audiencia, la ex titular de la Contraloría fue asistida por sus abogados Arturo Daniel, Rodrigo Yódice y Carlos Neffa (este último fue designado recién ayer por la procesada, lo que causó la molestia de los otros letrados), quienes prestaron fianza personal por 800 millones de guaraníes para la misma, pero con la condición de que en un plazo de 60 días los sustituyan por una fianza real un bien inmueble, debiendo presentar para tal efecto el título de propiedad, el certificado de condiciones de dominio y la tasación.
Además, resaltó que Torreblanca tiene prohibido acercarse o recurrir a la Contraloría General de la República. Si incumple esta medida, el juez revoca su medida y la mandará al Buen Pastor.
Dilata el proceso. El ex contralor Óscar Velázquez, por su parte, sigue dilatando su proceso, de modo a evitar acudir a la audiencia de medidas.
Los abogados de Velázquez solicitaron días atrás al Tribunal de Apelación en lo Penal que revoque la resolución del juez Alcides Corbeta y anule la imputación en su contra
El escrito presentado por el abogado José Domingo Almada cuestiona a la Fiscalía por no ser clara en la imputación con respecto a los hechos atribuidos a Velázquez.
Además de los dos ex contralores, en la misma causa están imputados otros 9 funcionarios, entre ellos la llamada secretaria vip Liz Paola Duarte. Todos fueron procesados por los hechos punibles de estafa, cobro indebido de honorarios e inducción a un funcionario a un hecho punible.
Tras las publicaciones de ÚH, se destaparon los hechos de corrupción dentro del ente estatal. El primer caso que salió a la luz fue el de Liz Duarte, bautizada como la secretaria de oro, quien llegó a percibir remuneraciones que llegaban hasta un máximo de G. 37 millones al mes.
