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Nacional
martes 11 de abril de 2017, 12:17

Juez admite imputación de 20 personas por incidentes en el Congreso

El juez Gustavo Amarilla admitió la imputación contra 20 personas por disturbios en el microcentro de Asunción y el incendio del Congreso Nacional, durante la jornada de protesta contra la enmienda. La audiencia de imposición de medidas se estaría realizando a vuelta de Semana Santa.

El magistrado admitió el acta de imputación contra 20 personas y en un caso no aceptó porque no se daban los hechos, informó el periodista de ÚH Raúl Ramírez.

La Fiscalía procesó a estas personas por perturbación de la paz pública, amenaza de hecho punible e instigación a cometer hechos punibles, entre otros.

Por los destrozos al Congreso fueron imputados por perturbación a la paz pública y otros delitos: Jorge Luis González Diarte, Jorge Sebastián Rádice Sanabria, Juan Alberto Rádice Schmidbauer, Juan Manuel Del Puerto Gómez y Paraguayo Cubas Colomés.

También Rafael Esquivel, Roberto Rojas González, Víctor Gabriel Rodríguez Ullón, Marco Antonio Ramos Mareco, Luis Rodrigo Buongermini Barreto y Eduardo Rodrigo Mendieta Acosta.

Igualmente, Nelly Carlota Cortesi Martínez fue imputada por perturbación a la paz pública, amenaza de hechos punibles, incitación a cometer hechos punibles y daño a cosas de interés común.

Prosigue la lista de imputados con Stiben Antonio Patrón Cáceres, Marlene Tatiana Orué León y Richard Daniel Chamorro Alvarenga, por perturbación a la paz pública y daño a cosas de interés común.

Por la destrucción de una patrullera fueron imputados Jorge Rádice y Roberto Rojas, por los hechos punibles de coacción y daños a cosa de interés público.

En el caso de Paraguayo Cubas, el mismo ya se presentó este martes ante el Juzgado y ya se le realizó la audiencia de imposición de medidas.

Si bien el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, el juez Amarilla le otorgó medidas alternativas y una fianza personal de su abogado de G. 40 millones.

El mismo Cubas también accionó contra su imputación al presentar una excepción de inconstitucionalidad argumentando que toda persona tiene derecho a la resistencia, establecido en la Constitución Nacional.