Pese a las reiteradas denuncias de incumplimiento de leyes laborales por parte de ambas prestadoras de servicio, fueron contratadas por el principal seguro social del país. Los empleados de la empresa de limpieza Cevima SA denuncian con frecuencia que la institución no paga el salario mínimo legal vigente de G. 2.041.123, insalubridad ni vacaciones y que, generalmente, se atrasa en el desembolso de haberes. Los trabajadores, supuestamente, solo perciben la suma de G. 1.100.000, según la denuncia de funcionarios de Ciudad del Este que saltaron a la luz en diciembre del año pasado.
Ambas firmas de limpieza lideran las denuncias por incumplimientos en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). Cevima tiene amonestaciones registradas en el 2011 y 2015, según registros en la web de Contrataciones Públicas, por incumplimiento en obligaciones contractuales. El Consorcio Poti tuvo una inhabilitación por cuatro meses en el 2016 por la misma causa.
El gerente de Abastecimiento del IPS, Armando Rodríguez, alegó que solo descalifican a la empresa por un servicio no realizado o mal realizado, no así por antecedentes de denuncias por incumplimientos laborales. La previsional solo controla el listado de los empleados de la empresa tercerizada si están inscriptos en el seguro social.
“Tenemos también la denuncia de los trabajadores que se quejan en el retraso de los haberes. Pasa que dentro del pliego de bases y condiciones se establece que los trabajadores tienen que percibir un salario mínimo y estar inscriptos en IPS. Esto es lo que controlamos. Lamentablemente, no podemos controlar si pagan o no lo que declaran, porque es una cuestión del Ministerio de Trabajo”.
El Ministerio de Trabajo multó con G. 1.556 millones a Cevima por incumplimientos laborales, pero la empresa apeló y el expediente está estancado en el Tribunal en lo laboral, que debe expedirse en el caso, comentó el viceministro de Trabajo, César Segovia. La cartera estatal admite recibir constantes quejas contra las referidas firmas de limpieza.
Tenemos también la denuncia de los trabajadores que se quejan en el retraso de los haberes. Armando Rodríguez, gerente de Abastecimiento.
Negocio de limpiar para el Estado
El Consorcio Poti tiene como representante legal a Jorge Miguel Palumbo Chamorro, según datos de la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, pero el vocero principal es Alberto Palumbo, que está vinculado al ex diputado José Chamorro, según las denuncias. Chamorro también es propietario de SST (Security Service Technology SA) que presta servicio tercerizado de seguridad en el IPS y que fue sancionada por el Ministerio de Trabajo cuando operaba como Doram. Alberto Palumbo figura como representante legal de Poti SA, el anterior proveedor que estaba a cargo de la limpieza en IPS. La licitación adjudicada recientemente para la limpieza en la previsional recibió una serie de protestas por estar aparentemente direccionada a las firma adjudicadas, según la denuncia de otros oferentes. Representantes de las firmas indicaron que hoy darán su versión a ÚH.