Intendentes de 16 localidades, en su mayoría del Chaco y de Ñeembucú, que son las zonas más afectadas por el Decreto 5775/16, que reduce el valor fiscal de las tierras rurales, pedirán al presidente Horacio Cartes que derogue el citado decreto, pues afirman que solo beneficia a los grandes latifundistas.
Luego de una reunión ayer en la sede de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), los intendentes decidieron como primera medida pedir una audiencia con Cartes para solicitar la pronta derogación del decreto, que “atenta contra el progreso de los distritos del interior del país”, dijo Óscar Duarte, intendente de Benjamín Aceval y presidente del Consejo de Intendentes de Presidente Hayes.
Advirtió que de no tener respuesta por parte del Poder Ejecutivo recurrirán a la instancia judicial, de modo a dirimir en la Justicia “este atropello a la autonomía municipal”.
Por su parte, los intendentes de Boquerón, Holger Bergen, y de Pilar, Alfredo Stete, anunciaron que dejarán de cobrar el impuesto inmobiliario hasta tanto no se resuelva derogar el decreto. Varios jefes comunales se sumarán a esta medida, anunció el intendente de Benjamín Aceval.
Los intendentes Omar Cabanellas (Gral. Bruguez), Yudith Ferreira (Puerto Casado), Sergio Cuéllar (Fuerte Olimpo), Hugo Meza (Itacurubí de la Cordillera), Delia Ramírez (Puerto Falcón), entre otros, participaron de la reunión.
lATIFUNDIOS. María del Carmen Benítez, presidenta de la Opaci e intendenta de Ybycuí, dijo que el decreto “solo beneficia a un pequeño sector que es el que concentra la mayor parte de las tierras productivas; son ellos los que no quieren pagar sus impuestos; los pequeños productores ya han pagado sin protestar”, afirmó.
La reducción de los valores fiscales ya rige desde este año y fue solicitada por la ARP y la UGP. Aquellas personas que hayan abonado de más, el año próximo tendrán la posibilidad de pagar menos, pues podrán disponer de la diferencia registrada a su favor, dijo el director del Servicio de Catastro, Fancisco Ruiz Díaz.
El año pasado, con base en la Ley 5513/15 (que modificó varios artículos de la Ley 125/91, del impuesto inmobiliario), el Poder Ejecutivo incrementó entre tres y cuatro veces más el valor fiscal de las tierras rurales, y las clasificó en cuatro tipos de suelo: tierras agrícolas, campo agropecuario, tierra agrosilvopastoril, campo pecuario, con base en tres especificaciones: áreas boscosas, áreas poco productivas y zonas agrológicas naturales, pero un nuevo estudio permitió determinar valores más reales, lo que hizo que diminuya el impuesto en varias zonas. La reducción del valor fiscal de las tierras rurales no rige para los municipios de los departamento de Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú, los más productivos del país.
