En el año 2011, cuando el Congreso estudiaba el Presupuesto 2012, los legisladores cartistas aprobaron aumentos salariales para los estatales de hasta el 58%, sin tener fuente de financiamiento para solventarlos, lo que provocó el inicio del déficit fiscal (saldo negativo en las cuentas fiscales) que hasta ahora persiste.
Fue en ese año que se acabó con ocho años consecutivos de superávit fiscal. Este año, fueron de nuevo los colorados, aunque opositores al cartismo, quienes apoyaron la aprobación de un plan de gastos estatal para el próximo año desfinanciado para pagar deudas, con topes a la política monetaria del Banco Central del Paraguay, y con aumentos salariales de entre el 10% y el 50% para algunos estatales.
Debido a esta situación, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de vetar totalmente el Presupuesto 2017 aprobado por el Congreso. Una medida que nunca había sido aplicada desde la vigencia de la Constitución Nacional de 1992.
Durante el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos se presentó el veto parcial al presupuesto, pero fue retirado antes de ser tratado por el Congreso.
Lo que se viene ahora es una verdadera incógnita, no solo para la gente común sino para el propio Poder Ejecutivo. Como esta decisión no tiene precedentes, utilizar un mismo plan de gastos durante dos años consecutivos demandará un trabajo constante de los técnicos del Ministerio de Hacienda, que son quienes finalmente están en el día a día de la administración del Estado.
La teoría del Ejecutivo es que la Ley 1535/99, de Administración Financiera del Estado, permite al Tesoro utilizar las herramientas necesarias para mantener operativo el Estado durante todo el año 2017. Pero en la práctica, significará no avanzar en la ampliación de programas sociales, mejoras en el sistema educativo y sanitario, entre otros.
La decisión de vetar el presupuesto fue el mal menor. Permitirá al Ejecutivo mantener la estabilidad macroeconómica que posicionó al país a nivel internacional, y buscar que se cumpla la reducción del déficit fiscal, cuyo tope es un máximo de 1,5% del PIB.
Desde el primer día de 2017, el Ejecutivo deberá ganarse la confianza diaria de la gente, de los funcionarios, de los proveedores del Estado y de los inversores internacionales que mirarán la escena durante 365 días. Ello, atendiendo a que las negociaciones entre el Ejecutivo y el Congreso deberán ser una constante en un año preelectoral, en que todavía deben aprobarse varias ampliaciones presupuestarias.