El fiscal Óscar Samuel Valdez imputó ayer por resistencia y asociación criminal a los concejales departamentales de Amambay, César Quevedo Isnardi (PLRA) y José María Bogado (ANR), y al policía Vicente Arévalos Coronel, presuntamente ligados a un cargamento de 252 kilos de cocaína que fue incautado el 10 de enero y luego robado de la Jefatura de Policía de Amambay el pasado 17 del corriente.
El representante del Ministerio Público explicó que la imputación se basa en el informe policial firmado por el subcomisario Aquiles Villalba, que relata cómo presuntamente los dos ediles y el custodio policial Arévalos se negaron a que dos policías antinarcóticos verificaran el vehículo en el que viajaban.
Esto ocurrió el 10 de enero en Fortuna Guazú, Amambay, cuando los antidrogas se encontraban realizando tareas de inteligencia, ya que supuestamente se estaba transportando un cargamento de drogas. Los dos agentes se encontraron con el vehículo de los concejales y estos supuestamente los amenazaron con armas largas para que se retiraran. Los agentes dejaron ir al vehículo y esperaron a que llegaran los refuerzos. Ya con más compañeros, los agentes encontraron la camioneta, la cual estaba vacía, y a unos metros hallaron las bolsas de 252 kilos de cocaína en un yuyal.
El fiscal solicitó que el Juzgado ordene la prisión preventiva de los imputados.
OTRA IMPUTADA. Asimismo, el Ministerio Público también imputó ayer a María Elizabeth Ferreira Coronel (27 años) por los hechos punibles de robo, hurto agravado, transgresión de la Ley de Drogas y quebrantamiento de depósito.
Se trata de la esposa de Édgar López, hijo de Clemente Gringo González, y hermana del policía Santiago Ferreira, quien también está imputado por el robo de la carga.
La investigación apunta a que la detenida habría participado del traslado de la cocaína desde la jefatura policial hasta un lugar, hasta ahora, desconocido por la Fiscalía.
María Elizabeth Ferreira, presuntamente, transportó la carga junto con su esposo. Policías de la zona señalaron que Édgar López cuenta con una orden de captura por el decomiso de 500 kilos de cocaína en la estancia 8 de Diciembre, perteneciente a Gringo González, ocurrido en el 2010.
La pesquisa a cargo de los policías también apunta a que González es el verdadero dueño del cargamento. Autoridades antidrogas lo consideran como uno de los narcotraficantes más importantes del Amambay.
Con respecto a María Elizabeth Ferreira, el fiscal Valdez pidió la prisión preventiva de la mujer mientras dure el proceso penal. Con las últimas acciones del Ministerio Público, ya son siete las personas procesadas en este caso.
Los primeros imputados por la desaparición de la droga fueron los suboficiales Santiago Ferreira Coronel, Lucio Natividad Recalde Melgarejo y Celso Fleitas. Todos ellos estaban encargados del custodio de la carga incautada.