El exmandatario es investigado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de Concepción Carhuancho, y deberá abonar la garantía en un plazo de 30 días.
El magistrado decidió además, en una audencia pública, que Humala no podrá ausentarse del lugar donde reside, ni cambiar de domicilio sin permiso del juez, y deberá registrar su firma cada 30 días en el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
Asimismo, tendrá que presentarse ante la autoridad judicial y fiscal cada vez que sea convocado, bajo apercibimiento de revocar la medida en caso de incumplimiento, según informó la Corte Suprema de Justicia.
El fiscal Germán Juárez, que solicitó la comparecencia restringida para Humala, se mostró conforme con la resolución, mientras que el abogado del exmandatario, César Espinoza, interpuso recurso de apelación.
“Teniendo en cuenta la gravedad del delito cuya penalidad no es menor de 15 años. Hay peligro de fuga”, declaró Juárez al sustentar su pedido.
Juárez explicó la medida basado en declaraciones de testigos, colaboradores eficaces y documentos incluidos en la carpeta fiscal, y subrayó que existen “graves y fundados elementos de convicción”, que señalan que el expresidente incurrió en el delito de lavado de activos.
De acuerdo a la acusación, Humala, en su condición de líder del Partido Nacionalista Peruano, recibió dinero de procedencia ilícita del Gobierno de Venezuela y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar su campaña presidencial del 2006 y 2011.
Su esposa Nadine Heredia también es investigada por el mismo caso, dado que ella asumió la presidencia del partido durante la gestión gubernamental de Humala, y sobre todo a raíz del hallazgo de unas agendas suyas con anotaciones de los aportes a su organización política.
El abogado de Humala dijo que las imputaciones se basan sólo en las declaraciones de colaboradores eficaces, que no han sido corroboradas con otros medios de prueba.
Espinoza consideró desproporcionado e irrazonable que se imponga al exmandatario reglas de conducta, pues no existen los “graves y fundados elementos de convicción” que alega el fiscal, porque el exgobernante está colaborando con la investigación y carece de antecedentes penales.
