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Mundo
viernes 28 de abril de 2017, 18:35

Huelga general no logró paralizar Brasil y el Gobierno defiende sus reformas

Brasil vivió hoy una jornada de huelga general, la primera en veinte años, que impactó en el transporte público, pero no logró paralizar el país, tal como pretendían los sindicatos que convocaron la protesta contra las reformas promovidas por el Gobierno de Michel Temer.
EFE

Las centrales cifraron el seguimiento en cerca de 40 millones de trabajadores, alrededor de un 45 por ciento de la fuerza laboral, mientras que, para el Gobierno, la convocatoria fue un "fracaso" con una adhesión "insignificante".

"Vimos provocaciones en algunos lugares y bloqueos en otros, pero aquellas movilizaciones que se esperaban de millones no ocurrieron", aseguró el ministro de Justicia, Osmar Serraglio, el único miembro del Gabinete que hoy se pronunció sobre la protesta.

"Vamos a proseguir con las reformas que estamos introduciendo", sentenció el ministro.

La huelga ha sido la respuesta de los sindicatos a las reformas del Gobierno de Michel Temer, que ha aplicado un severo ajuste fiscal, y tramita cambios sustantivos en la legislación laboral y en el sistema de pensiones, en un contexto de recesión económica y de aumento del desempleo, que hoy se supo que batió un nuevo récord y alcanza a más de 14 millones de personas.

La protesta se sintió, con distinta intensidad, en todo el país debido a la adhesión de los sindicatos del transporte, aunque en la mayor parte de las 27 capitales de Brasil se desarrolló sin incidentes.

En la mayoría de las ciudades fue seguida de movilizaciones que las centrales esperaban masivas y que, según la policía, pueden derivar en incidentes aislados por la actuación de grupos radicales, en especial en Sao Paulo y Río de Janeiro.

La jornada comenzó con la actuación de piquetes y la instalación de barricadas para cortar las vías de acceso a las principales ciudades y obstaculizar el funcionamiento del transporte público y de servicios generales, como los bancos.

Sao Paulo, la mayor ciudad del país, su corazón financiero y también el fortín de las mayores centrales obreras, fue la capital que más acusó la protesta, que terminó con 16 detenidos por su participación en destrozos de mobiliario urbano.

Unos 60.000 montadores de la industria automovilística se sumaron a la huelga, que detuvo la producción de autos, según el sindicato de Metalúrgicos del ABC, el cinturón industrial de Sao Paulo.

El alcalde de la ciudad, Joao Doria, uno de los dirigentes políticos que más ha criticado la protesta, llegó a decir que los huelguistas son "perezoso" y "se le levantan tarde".

En Río de Janeiro la adhesión del transporte fue menor, aunque afectó a la circulación de autobuses, y el paró se siguió también en sectores como educación y banca, con el cierre del 37,5 por ciento de las oficinas bancarias.

La Explanada de los Ministerios, la avenida de Brasilia en la que se concentran la mayoría de los edificios del poder público, amaneció cerrada al tránsito por razones de seguridad y con la vigilancia reforzada, pero recuperó la normalidad progresivamente.

Los mercados, que asistieron atentos a la jornada, no acusaron el impacto de la protesta y la bolsa de Sao Paulo cerró con una subida del 1,12 por ciento.

"Fue más una huelga de los sindicalistas, de las centrales, preocupadas con las decisiones de esa semana del Congreso, que les están quitando recursos billonarios. Esas organizaciones (los miles de sindicatos de Brasil) existen porque se alimentan de un recurso que no corresponde a sus esfuerzos", aseguró el ministro de Justicia.

El funcionario aludía a la reforma laboral que impulsa el presidente Temer y que incluye, entre otras medidas, eliminar la cuota obligatoria que actualmente tienen que aportar los trabajadores para los sindicatos brasileños.

La reforma plantea, además, medidas para abaratar los costes laborales y primar los acuerdos entre empresario y trabajador en la negociación de los convenios colectivos, al margen de la legislación laboral vigente, que data de la década del 1940.

Para las centrales y el Ministerio Público del Trabajo, esas medidas atentan contra derechos consagrados en la Constitución y suponen un "retroceso" que anula "conquistas históricas" de los trabajadores.

El Gobierno, por el contrario, sostiene que son iniciativas fundamentales para "modernizar" el país, transmitir confianza a los inversores y salir de la recesión económica.