La Cámara de Diputados está convocada para el martes para dar entrada al pedido de juicio político al fiscal general, Javier Díaz Verón. Será la primera prueba de fuego para los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, con respecto a su posición política. Son muy pocos en el Parlamento los que tienen manos limpias en este asunto. Muchos están imputados o procesados y muchos más los que le deben algún favor al titular del Ministerio Público.
Díaz Verón sigue sin tomar nota del escándalo de los audios, la mayor revelación sobre los tejes y manejes de la corrupción judicial desde el inicio de la transición democrática y donde su nombre aparece directa o indirectamente en los turbios enjuagues. Al igual que el Jurado de Magistrados, el Ministerio Público aparece como el cimiento fundamental de esta rosca corrupta.
El une con flecha entre el Jurado de Magistrados y los fiscales está más que comprobado, pero Díaz Verón se aferra al cargo y sigue ejerciendo su rol como si no estuviera salpicado. Lo último que hizo fue nombrar un equipo de fiscales para investigar la causa 9869/17, “Persona innominada sobre tráfico de influencia”. Son de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Se espera de Martín Cabrera, Josefina Aghemo y Claudia Morys cumplir el mandato constitucional de representar a la sociedad y no se presten al operativo blanqueo.
DILEMA. La permanencia de Díaz Verón en el cargo es de dudosa legalidad. El senador Eduardo Petta sostiene que al tener mandato vencido, un juicio político solo legitima la usurpación del cargo y posterga la vigencia de su mandato. Pretende que la Comisión Permanente declare su mandato vencido para comunicar posteriormente a los poderes Ejecutivo y Judicial, y de esa manera sacarlo del cargo.
El fiscal se basa en la figura de la reconducción tácita y en tanto no se resuelva el conflicto entre el Poder Ejecutivo por la terna para la Fiscalía General que el Senado rechaza, él seguirá campante en el cargo, con tiempo y poder para frenar la investigación de los casos que se ventilan en los audios.
En Paraguay la política de los hechos consumados es toda una institución y este es uno de ellos.
LOS VOTOS. La Cámara de Diputados necesita 53 votos para aprobar el enjuiciamiento del fiscal general, sentado en el banquillo por “usurpación de cargo público, mal desempeño y enriquecimiento ilícito en el ejercicio de sus funciones”.
Díaz Verón es un activo político colorado de la pobre y olvidada Caazapá. Su hermano Pedro es candidato de la ANR para la gobernación. Los lazos políticos son muy fuertes y eso en tiempos electorales tiene su propio peso.
El martes está convocada la sesión extra de Diputados. El Congreso sigue de vacaciones y está por verse si se reunirá el cuórum necesario (41). Hay dudas sobre los votos a favor del juicio.
Efraín Alegre, presidente del PLRA y candidato presidencial de la oposición, ya lanzó amenazas contra la bancada llanista que sigue a contramano con la línea partidaria. Los colorados empiezan a proteger a los suyos para no quedar como los únicos malos de la película. Les golpeó lo de González Daher y su aliado Oviedo Matto. No tuvieron la fuerza para sacar la investidura al diputado Carlos Portillo, acusado de los mismos delitos y ahora apuntan al senador Adolfo Ferreiro.
El martes se verá cuánto de voluntad política existe para dar fin a este escándalo. Los diputados pueden dar largas al asunto dando entrada al pedido y derivarlo a comisiones. Si quieren definirlo ya, la sesión puede convertirse en comisión para aprobar o rechazar ese mismo día. Desde Colorado Añetete afirman que plantearán la segunda opción. Mario Abdo Benítez necesita dar señales contra la corrupción judicial, así como lo hizo con González Daher.
La sesión será esclarecedora en cuanto al poder que sigue teniendo el fiscal general. Aquí no serán casuales las ausencias injustificadas ni las abstenciones.
El inicio del juicio político dejó de ser una declaración de sentencia. Si no que lo digan los ministros de la Corte, Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay, quienes fueron enjuiciados por los diputados en diciembre del 2014, pero sus casos permanecen en una especie de purgatorio en el Senado, que sigue sin definir por falta de votos. Es una espada de Damocles que pende sobre los ministros y el caso se presta para los chantajes políticos.
Si no renuncia antes y de aprobarse en Diputados el enjuiciamiento, si Díaz Verón sigue aferrado al cargo contra toda ética y sentido común, queda el Senado, donde se requieren 30 votos para la destitución.
Aunque debe decirse que en materia de señales políticas, la Cámara Alta ha sido más expeditiva a la hora de castigar y extirpar sus tumores más purulentos.