EFE
El portavoz del Gobierno, Stéphane Le Foll, que compareció ante los medios al término del primer Consejo de Ministros del año, señaló que en materia antiterrorista la cuestión ahora se centra en la reforma constitucional que Hollande había propuesto después de los atentados yihadistas del 13 de noviembre.
El objetivo de esa reforma es integrar el estado de emergencia e inscribir en la Carta Magna una polémica disposición -muy contestada entre los dirigentes del Partido Socialista (PS), el del jefe del Estado- para retirar la nacionalidad francesa a los binacionales condenados por terrorismo.
A ese respecto, Le Foll comentó que ahora “se inicia un debate en el que vamos a ver las propuestas (....) La preocupación del presidente de la República y del Gobierno es reunir a una mayoría amplia para la protección de los franceses que debe superar las fracturas habituales”.
El primer secretario del PS, Jean-Christophe Cambadélis, había manifestado su voluntad de que la retirada de la nacionalidad a los terroristas no se limite a los binacionales, sino a todos los franceses, para evitar que sea percibida como una medida discriminatoria.
Sobre el empleo, el presidente francés en su discurso de fin de año el 31 de diciembre había asegurado que sigue siendo su “primera prioridad” y habló de un “estado de urgencia económico y social”.
Prometió un “plan masivo de formación de los demandantes de empleo” en profesiones con futuro para 500.000 beneficiarios, una cifra muy superior a los 150.000 que hubo en 2015.
Según el diario “Les Echos”, ese dispositivo tendría un costo cercano de los 1.000 millones de euros, la mitad de los cuales correspondería a la administración del Estado y el resto a las regiones y a los interlocutores sociales a través de los fondos de formación profesional.
