EFE
El ministro aseguró hoy que no van a “flagelarse” con la herencia recibida sino a solucionar los problemas de la economía argentina, en un encuentro con corresponsales extranjeros, en el que estimó que Argentina crecerá este año entre el 0,5 % y el 1 % y en el próximo trienio (2017-2019) alcanzará un promedio de 4,5 puntos anuales.
Descartó un posible ajuste y apostó por “reordenar” y “poner el foco” en el “mal manejo de los recursos públicos” que -aseguró- se venían realizando durante el mandato de Cristina Fernández (2007-2015).
“Acá no hay que ajustar, acá simplemente hay que parar el derroche”, matizó el economista, quien agregó que el Ejecutivo de Mauricio Macri nunca habló de ajuste pues considera que “no hace falta”.
“Históricamente los ajustes significaban ir al hueso en momentos en que no había más remedio que ir al hueso. Nosotros lo que estamos explicando es que vamos a la crema”, enfatizó.
En materia de inflación, el ministro corrigió a la directora del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Graciela Bevacqua, quien horas antes había señalado que se encontró con un organismo “desmantelado” y que no podría facilitar datos hasta dentro de ocho meses.
Prat Gay atribuyó las estimaciones de Bevacqua a una postura “conservadora” y adelantó que Argentina contará con un índice fiable oficial de precios en un plazo no superior a tres meses.
“No vamos con un revolver ni con guantes de box, tenemos un diálogo amistoso con los formadores de precio”, dijo el ministro, que confió en la actuación responsable de los sectores que influyen en la inflación para conseguir el objetivo que el Gobierno de Macri se ha fijado para este año, en una franja de entre el 20 y el 25 por ciento.
Subrayó la incoherencia que, a su juicio, supone que Argentina arrastre un déficit de siete puntos del PIB “cuando se recauda más que nunca”.
Cumplido un mes de gestión macrista, el ministro espera reducir el déficit en 2,5 puntos con una rebaja de los subsidios y contención del gasto.
También se refirió al cese de contratos de más de 3.000 funcionarios públicos de las últimas semanas, en su mayoría incorporados en la recta final del kirchnerismo, y afirmó que el Ejecutivo pretende recuperar la carrera del empleado público y llenar de contenido el Estado, y “no de amigos que no trabajan”.
En el conflicto con fondos especulativos que se dirime en la justicia estadounidense, insistió en que Argentina “quiere pagar lo que debe” pero “en el marco de un mínimo sentido común y de Justicia” y apuntó que el Gobierno sometería cualquier posible acuerdo a la aprobación del Congreso argentino.
“Supongo que la Justicia de Nueva York reconocerá que existe la independencia de poderes y si en algún momento hay acuerdo tendrá que refrendarlo el Congreso”, dijo
