La audiencia de imposición de medidas se realizó este miércoles en horas de la mañana. El juez Humberto Otazú ordenó el arresto domiciliario solicitado como medida cautelar por la fiscala María Estefanía González.
El magistrado dispuso también la fianza personal de G. 100 millones para cada uno de los procesados, así como la prohibición de salir del país, informó la Corte Suprema de Justicia.
Los que recibieron la medida cautelar son Adán Di Giacomo, quien era subjefe de División de Resguardo; Cecilio Núñez, ex jefe de Contraloría de Aduanas; Óscar Prieto, División de Resguardo; Epifanio Godoy, Visturía; Francisco Ruiz Díaz, subjefe de Visturía, y Enrique Céspedes, del Departamento de Registros.
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Los seis eran funcionarios de Aduanas de la ciudad de Pedro Juan Caballero, todos imputados por contrabando y producción de documentos no auténticos. La investigación gira en torno al ingreso presuntamente ilegal de 180.000 kilos de carne al país, proveniente del Brasil, sin documentación pertinente.
Según la Fiscalía, los procesados habrían intervenido en la formalización de los despachos de importación, que sirvieron de base para el ingreso de los productos cárnicos importados por el Frigorífico Concepción S.A.
Audiencia suspendida
La audiencia prevista para la despachante Emilia Canale, también imputada por los mismos tipos penales, quedó suspendida. Su abogado, Jorge Bogarín, planteó la semana pasada un recurso de reposición contra la providencia que convocaba a audiencia para este miércoles.
Además, presentó el incidente de nulidad de la imputación que deberá ser resuelta en los próximos días por el magistrado.
A Canale se le atribuye haber utilizado un mismo certificado otorgado por Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) para dos despachos distintos del frigorífico.
Hasta el momento, el Ministerio Público imputó a 18 personas, entre ellas al propietario de la empresa, Jair Antonio de Lima, quien logró suspender con incidentes la audiencia de imposición de medidas del pasado 31 de mayo.
