Los mismos fueron procesados por el ataque a la sede del principal partido opositor, al igual que al Congreso, destrucción de patrulleras, ataque a policías, al diario ABC Color y por la agresión al diputado liberal Édgar Acosta, quien recibió un disparo en la boca por parte de la Policía.
El primer procesado fue el suboficial segundo Gustavo Florentín por homicidio doloso, en calidad de autor por la muerte de Quintana.
Florentín ingresó hacia la medianoche del 31 de marzo a la sede partidaria ubicada entre las calles Yegros y Manuel Domínguez de la capital, y empezó a disparar a mansalva con otros camaradas. Lo hicieron sin una orden judicial emanada por la Fiscalía o por el Juzgado, según confirmó el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
El suboficial se encuentra recluido en la Agrupación Especializada de la Policía por disposición del juez Alcides Corbeta. Se trata del único imputado por el homicidio de Rodrigo, pese a que el pelotón de policías antidisturbios estuvo acompañado por comisarios, según se pudo visualizar en el circuito cerrado del PLRA. Incluso a la fecha aún no se pudo determinar quién fue el que dio la orden para ingresar a la sede partidaria.
Posteriormente se imputó al comisario Tomás Paredes Palma, subjefe de Investigación de Delitos, por inducción a un subordinado a un hecho punible al permitir que un oficial antidisturbios, en ese caso Guido Amarilla, también imputado por tentativa de homicidio, ingrese al PLRA y efectúe disparos de balines de goma contra las personas que estaban dentro de un baño, entre ellos legisladores.
En cuanto a los ataques y posterior quema del Congreso están imputados el ex diputado Juan Manuel Del Puerto, Paraguayo Cubas, el concejal Rodrigo Buongermini y el abogado Roberto Rojas, quien denunció tortura por parte de la policía. Este último y Jorge Sebastián Radice fueron procesados por atacar una patrullera que se encontraba sobre la calle 14 de Mayo y El Paraguayo Independiente, durante las manifestaciones.
En cuanto al disparo que recibió el diputado Acosta en el rostro la fiscala de Derechos Humanos, Liliana Zayas, imputó al suboficial Benito Joel Sanabria, agente antimotín.
Los últimos encausados fueron cuatro personas, una de ellas menor de edad, por supuestamente fabricar bombas tipo molotov en la sede del PLRA. La Fiscalía se guió por fotográficas y filmaciones.
