Díaz Verón argumenta en el documento que el único motivo de inhibición y recusación de los funcionarios del Ministerio Público se da cuando “aquellos procedimientos en los que intervenga o sea defensor su cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguineidad o por adopción o en segundo grado de afinidad o sus amigos íntimos o enemigos manifiestos”.
De esta manera el máximo representante del Ministerio Público confirmó la intervención del fiscal Fabián Centurión en la causa caratulada “Persona innominada sobre producción de documentos no auténticos y otros”. Sin embargo, el abogado Luis Rojas tiene tres días de plazo para apelar la resolución ante la Corte Suprema de Justicia.
En representación del ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, Rojas había recusado al fiscal el pasado 2 de febrero argumentando que el agente encargado de la investigación de las planillas pro enmienda es cónyuge de Carol Noemí Flores, candidata a delegada convencional en la Seccional Colorada Nº 277 en la ciudad de San Lorenzo, por el movimiento Añetete, liderado por el disidente Mario Abdo Benítez.
Asimismo, el 6 de febrero la defensa técnica de Cárdenas planteó la ampliación de la recusación contra el mismo fiscal, por supuesto interés directo en el caso investigado.
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) detectó 69.000 firmas con irregularidades entre las 360.000 presentadas por la ANR en el marco de la campaña “Que la gente decida”, que impulsa la enmienda constitucional pro reelección presidencial. Unas 1.142 rúbricas utilizan datos de difuntos y 163 de personas recluidas o condenadas.
Las pruebas fueron presentadas ante la Fiscalía para su investigación.
