Uno de los grandes errores de nuestra Constitución es haber pretendido crear un sistema de justicia que funcionara sobre la base de la mayor representatividad de grupos de interés procurando hacer de él un verdadero amparo y reparo de las personas. Tanto el Consejo de la Magistratura como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no realizan ninguna tarea que nos haga presuponer que tenemos alguna garantía orientada hacia el interés general.
El hecho de que estén representados los tres poderes del Estado, el gremio de los abogados y las facultades de derecho más antiguas no aportó absolutamente nada para que tengamos jueces y fiscales probos, valientes, autónomos y corajudos. Todo lo opuesto. El sistema ha hecho prevalecer los intereses sectoriales, colocando cada uno de ellos a los que garantizaban que siempre estarían inmunes e impunes ante los delitos.
Con este sistema jamás tendremos un juez Moro entre nosotros. No pasaría nunca el primer colador. El asunto resulta tan escandaloso que se exhiben de manera impúdica, como el senador Enzo Cardozo, quien debería estar preso, ¡pero escoge a los magistrados que tendrían que hacer justicia! Por decoro y vergüenza tanto él como su partido tendrían que apartarlo de esa condición hasta que acabe su proceso. Pasa una cosa igual con otros miembros y los que se postulan para magistrados y fiscales conocen muy bien a qué condiciones deben atenerse si pretenden ocupar el cargo.
Solo los incautos que “compitieron y se examinaron” para ser fiscales pudieron haber alcanzado el punto más alto de dicha condición cuando la terna se sabía perfectamente solo podía salir de un enjuague politiquero, donde lo que menos importa es la probidad, la integridad y el decoro de alguno de los candidatos. Han sido unos tontos los que creyeron que los mejores saldrían de entre casi 100 candidatos. Con una de ellas, Patricia Stanley, han sido más que sinceros: ella no es del agrado ni goza de confianza de los políticos; por lo tanto, quedó afuera. El sistema es tan perverso que la persona rechazada originalmente puede terminar siendo la escogida, como el caso de la ministra Myriam Peña. El manoseo a la Justicia no garantiza para nada el estado de derecho, que es como también se define la democracia, y el proceso es en sí mismo un mensaje claro de sometimiento de la Justicia a los políticos.
En el Paraguay la elección de magistrados y fiscales es un gran fiasco y el que se somete a la misma es un tonto de capirote y un rematadamente ingenuo.
El sistema de selección no sirve y hay que cambiarlo. Se pretendió algo bueno involucrando a todos, pero los intereses fueron a cada uno de sus miembros y nada para el beneficio colectivo. En concreto: un verdadero fiasco.
