El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) pagó 956.615.408.727 guaraníes al personal contratado, recomendado por partidos políticos, en un periodo de cinco años: desde 2010 hasta 2015.
La cifra más alta fue la del 2010, con 19.991 contratados, que demandaron un gasto total de 212.983.271.489 guaraníes. Año tras año, la cantidad fue disminuyendo. El presidente del TSJE, Jaime Bestard, informó que para el 2016 tiene previsto solamente 2.521 contratados; o sea, 17.470 menos que en el 2010.
La mayoría de los contratados son operadores políticos, recomendados de los partidos, de los diputados o senadores. El TSJE tuvo una superpoblación (ver cuadro).
Bestard manifestó que la institución se reorganiza ahora administrativamente.
Indicó que las investigaciones concernientes a contratados continúan y que la reducción de la cifra a solo 2.521 personas en el rubro (para el corriente año) representa un importante ahorro en materia presupuestaria.
Las pesquisas que se llevan adelante en la sede electoral son acompañadas por el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, según Bestard.
“Se está trabajando especialmente sobre el tema de la revisión de los contratos. La racionalización de los recursos es un compromiso que asumimos ante el Parlamento que nos eligió, ante el presidente de la República que nos dio su acuerdo, y especialmente ante la ciudadanía”, dijo Bestard.
Además, señaló que las labores de auditoría han permitido que las bonificaciones que no están justificadas, como el otorgamiento del beneficio de responsabilidad en el cargo a personas que no lo merecían, sean suprimidas.
LAS CIFRAS. De los 212.983.271.489 guaraníes que se gastaron en el 2010, los gastos bajaron paulatinamente. Para el presente año, el presupuesto estimado para contratados es de 81.832.244.000 guaraníes, informó Bestard.
La mayoría de los operadores políticos con contratos en la Justicia Electoral se ubican en las oficinas electorales que existen en toda la República.
Generalmente, las contrataciones se hacen respetando la proporción de bancas de los partidos políticos en el Senado. Esto significa que cada vez que cambia la integración del Senado, el TSJE también debe reorganizar sus contrataciones. Un tiempo solo aumentó la cantidad de contratados, hasta llegar a casi 20.000 en el 2010.
Le preguntamos a Bestard si los partidos políticos o políticos que recomiendan a los contratados no reclaman la reducción o rescisión de contratos. Al respecto, señaló que tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo hay conciencia de que se debe hacer una reorganización administrativa, y que en ese contexto, él se encontraba tranquilo. Destacó que durante su presidencia hará las reformas que sean necesarias.
