El monto mencionado saldrá del fideicomiso que garantizará los compromisos del país en esta inversión y representa el cuádruple de lo que la firma invertirá en la obra, que llegaría como máximo a USD 400 millones. Los datos fueron sacados del pliego de bases y condiciones del llamado a licitación internacional ya en curso.
Los desembolsos a la compañía adjudicada del proyecto se realizarán una vez que concluyan las obras, desde el 2019, y los montos variarán de acuerdo a las ofertas presentadas.
En este sentido, el fondo fiduciario pagará a la contratista la suma de USD 750 millones, que es por el recupero de su inversión (pago diferido de inversión). Esto se abonará por un periodo de 15 años, con un pago anual de casi USD 50 millones de dólares, divididos en USD 24,7 millones de manera semestral, que es el límite que exige el pliego. El monto a pagarse es casi el doble de lo invertido por la firma.
Mantenimiento. Además, se pagará del fideicomiso a la contratista por disponibilidad (mantenimiento y operación de la carretera) que se estima a unos USD 720 millones por 30 años, que implica USD 24 millones al año. Este pago se realizará a un monto de unos USD 6 millones trimestrales y en guaraníes.
El monto pagado por mantenimiento estará sujeto a deducciones, por el cumplimiento de disponibilidad, calidad, y niveles de servicios de la infraestructura. Asimismo, se prevén multas a la contratista si no cumple con los parámetros establecidos en cuanto a calidad de la ruta y mantenimiento, refieren los documentos.
Los administradores del fideicomiso estarán integrados por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) que gestionará el dinero generado por el proyecto, el Ministerio de Hacienda que será el fideicomitente, y el MOPC que como contratante dará informaciones de los pagos a realizarse. Este organismo administrará las recaudaciones de los peajes (que cobrará la empresa privada) y los aportes del Estado al fondo fiduciario.
Aportes del estado. El Estado invertiría alrededor de USD 256 millones para ejecutar en la duplicación de las rutas 2 y 7. En este sentido, antes de arrancar la obra deberá invertir USD 80 millones para la liberación de la franja de dominio.
Además, se estima otro aporte de USD 176 millones, que el Estado deberá pagar a lo largo del contrato de 30 años, que es el monto que no se cubriría de la inversión, que se financiará en su mayor parte con el cobro de peajes, según el estudio de factibilidad.
Según las estimaciones, el monto total del proyecto asciende a USD 754 millones, de los cuales USD 387 millones corresponden a la inversión de la obra, USD 287 millones al mantenimiento y hay que sumarles los USD 80 millones que el MOPC deberá pagar en expropiar la franja de dominio.
Los cálculos del Gobierno prevén que el 64% del proyecto es autosostenible (se paga con peajes e impuestos que genere la obra), por lo que el 36% restante debe ser costeado con fondos del Tesoro. En este caso, se mantendrán los costos actuales del peaje, pero se cobrarán ida y vuelta, ya desde el próximo año.
El proyecto implica en total una intervención de 142 km de vías a ser duplicadas y mantenidas, incluyendo cuatro circunvalaciones y tres viaductos para el desvío del tránsito en las principales zonas urbanas. La construcción de circunvalaciones se prevén en Ypacaraí, Caacupé, Itacurubí y San José.
