Si bien Contrataciones Públicas no ve impedimento para que la firma contrate con el Estado, el conflicto de intereses es evidente, ya que facturó millonarios montos durante el actual periodo de gobierno.
Agro Industrial San Juan facturó al Estado unos 8.640 millones de guaraníes tras ser adjudicada con seis licitaciones públicas, cinco de ellas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y una del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA).
Una de las últimas adjudicaciones de la empresa fue en octubre del 2014, para la ejecución de trabajos de normalización de líneas de autoayuda media y baja tensión en varios departamentos. Por este contrato, llegó a cobrar G. 3.111.159.782 a la ANDE.
La firma San Juan no es la única vinculada al vicepresidente que es contratista del Estado. La otra es Kokue Poty de Transporte y Servicios Agrícolas Electromecánicos SRL, que es administrada por la esposa de Afara y concejala de Tomás Romero Pereira, Luz Marilda Argüello.
En febrero de este año fue adjudicada por la Municipalidad de Natalio para la provisión de piedra para pavimento asfáltico. Según la web de Contrataciones Públicas, la empresa aún no recibió el pago por la provisión.
Pesquisa. Para la coordinadora de Abogados del Paraguay, a partir de los datos publicados por este medio sobre la empresa vinculada al vicepresidente y las licitaciones que ganó, la Fiscalía ya cuenta con elementos suficientes como para abrir una investigación de oficio por varios presuntos hechos punibles.
