La acusación fue presentada por el fiscal René Fernández, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, por la supuesta comisión del hecho punible de Evasión de Impuestos.
La firma opera en Ciudad del Este desde el 22 de abril de 1998, dedicado a la importación y comercialización de artículos para el hogar, celulares y computadoras, con un capital operativo de G. 100.000.000, según un informe remitido por la Sub Secretaría de Estado de Tributación (SET).
Los antecedentes refieren que la empresa unipersonal realizó varias operaciones de importaciones de mercaderías, entre los años 2000 a 2003, según puede comprobarse en el listado de despachos de importaciones proporcionado por la Dirección de General de Aduanas.
En el 2005, la Administración Tributaria dispuso la realización de una fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa unipersonal. Auditores de la institución se trasladaron hasta el local comercial pero el control no se pudo realizar por no estar presente el propietario Franco Azcona.
Los funcionarios dejaron constancia que la verificación de referencia no pudo ser llevada a cabo, por la falta de localización física del contribuyente y de la empresa. Atendiendo tal circunstancia, el trabajo de verificación fue realizado en sede administrativa y sobre datos obrantes en los registros de la Administración Tributaria y la Dirección General de Aduanas.
Allí se constató que el cúmulo de operaciones de importación realizadas no se reflejaba en las declaraciones juradas del contribuyente correspondiente a parte del año 2001, y que las correspondientes a los años 2000, 2002 y parte de 2003, fueron directamente omitidas.
En consecuencia, encontraron inconsistencias con relación a las operaciones de importación realizadas y las declaradas.
El impuesto determinado del año 2000, equivale a G. 47.162.106; del año 2001, G. 92.951.288; del año 2002, G. 254.142.265 y del 2003, G. 6.369.079.
La suma de G. 400.624.738, es el monto evadido, generándose el déficit en perjuicio del fisco durante los periodos investigados.
La acusación resalta que durante el 2001, el contribuyente presentó declaraciones juradas de compras y ventas de mercaderías de algunos meses. Sin embargo, comparando con los datos señalados por la SET, no coinciden con los montos de importaciones realizadas.
“El acusado proporcionó documentos incompletos a las oficinas perceptoras, con el objetivo de abonar sumas de dinero inferiores a las debidas a la Administración Tributaria, en concepto de impuesto al valor agregado e impuesto a la renta comercial, en el periodo fiscal 2001. En los periodos fiscales 2000, 2002 y parte de 2003 (hasta julio), no formuló declaración jurada”, señala parte de la acusación fiscal.
