Rubén Figueredo es un hombre que intentó solucionar un problema ecológico que el Estado nunca resolvió ni le pareció importar. Así comenzó hace unos años una campaña para la recolección de pilas en desuso, que con el tiempo tuvo el apoyo de la Secretaría del Ambiente (Seam) y de la Fiscalía de Delitos Ambientales. La Seam incluso declaró de interés ambiental su arduo trabajo.
La fundación Itá Enramada, que preside Figueredo, almacenó 140 toneladas de basura tóxica, con el apoyo de autoridades y el Ministerio Público, la misma institución que años después lo imputó por la figura de “procesamiento ilícito de desechos” y logró condenarlo a dos años de cárcel. Figueredo se salvó de ir preso y solo tendrá que cumplir ciertas medidas indicadas por el tribunal, muy a pesar de la Fiscalía, que pidió una pena de más de 3 años de prisión.
El argumento de su condena es formalista: Rubén Figueredo no tenía un permiso ambiental. Sí había un claro respaldo institucional de la Seam y del Ministerio Público, pero nada importó para interpretar y hacer valer la ley textualmente.
Esta interpretación literal de las normas también se puede observar en el caso de Édgar Martínez, un hombre de Ciudad del Este enjuiciado por elaborar aceite de marihuana con fines terapéuticos. Más allá de todo el altruismo que pueda ofrecer el acusado, la acusación fiscal se basa en la misma lógica sobre la inflexibilidad de la ley: La elaboración de aceite de la planta de la marihuana es ilegal en Paraguay.
Tampoco importa que el mismo Gobierno haya permitido la importación del aceite a una farmacéutica y su comercialización en el país. Édgar, quien según testigos que declararon en el juicio regalaba el aceite a personas enfermas y con dolores crónicos, puede recibir una pena de hasta 15 años de cárcel.
Las madres que suministran el aceite a sus hijos enfermos se arriesgan diariamente a lo mismo y están obligadas a enfrentarse a la irracionalidad de una legislación arcaica.
Quizás estos dos casos sean signos de los tiempos que vivimos, en los cuales políticos procesados y con prontuarios más largos que sus currículum pugnan por un lugar en el Congreso con total desparpajo, mientras que el narcotráfico se infiltra en las estructuras partidarias y la ciudadanía se limita a sobrevivir en desprotección.