El fortalecimiento de los Ejércitos en Centroamérica amenaza la democracia

“Este fortalecimiento de las fuerzas armadas (...) no obedece a problemas de seguridad nacional”, por lo que esta decisión implica “riesgos para la estabilidad democrática”, advierte en una entrevista con Efe el coordinador académico del informe Estado de la Región, Alberto Mora.

De 2004 a 2014, los Gobiernos de Centroamérica han gastado 2.015 millones de dólares en compra de armas y equipamiento militar a Estados Unidos, argumentando que estas medidas son necesarias para luchar contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, dos lacras que ahogan el área.

Un Ejército fortalecido, bien equipado y profesionalizado no implica per se riesgos para la estabilidad democrática, explica Mora, pero en Centroamérica la situación es bien distinta.

Con unas administraciones de Justicia débiles, un auge de las violaciones a los derechos humanos, una “fragilidad del Estado de Derecho” casi endémica y la “no consolidación de los pesos y contrapesos internos”, afianzar a los Ejércitos amenaza al ejercicio democrático.

“Sí que implica riesgos para la estabilidad democrática y la vigencia plena de los derechos humanos el fortalecimiento de las fuerzas armadas, sobre todo cuando son llamadas a cumplir funciones del orden civil”, proclama enfático mientras recuerda la debilidad que padecen los organismos policiales y otros entes judiciales.

En los países del istmo, a excepción de Costa Rica y Panamá que no tienen ejército, hay un crecimiento del personal militar: Guatemala incrementó su milicia un 57 % en 6 años (al pasar de 14.193 en 2008 a 22.326 en 2014) y El Salvador en un 50 %, llegando en 2014 a un contingente de 24.799 miembros, el más numeroso de la región.

Uno de los factores que está determinando este aumento de fuerza y competencia, arguye el experto, de origen costarricense, es la política de seguridad nacional de los Estados Unidos, que ha adoptado una estrategia hacia los tres países de Centroamérica que conforman el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador).

El V Informe Estado de la Región, que analiza los retos de desarrollo humano, arroja cifras alarmantes en cuanto al tráfico de sustancias ilícitas: por Guatemala transita el 80 % de la droga que pasa por Centroamérica y México, en El Salvador las pandillas protegen a los narcos y en Honduras aterrizan el 79 % de los vuelos que transportan estupefacientes desde América del Sur.

Pero esta relación “más bilateral” entre el Estado norteamericano y los tres países centroamericanos para la llamada guerra de las drogas, dice, “ha debilitado la estrategia de seguridad democrática” de la región, promulgada en el ámbito del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y que incluía a toda la región.

Además, en materia integracional hay una “brecha entre el discurso y la práctica”, y el impacto de esta idea, que inició hace más de 60 años, está supeditado a la voluntad política de los Estados, que ni siquiera son capaces de financiar los órganos de integración, que requieren de la cooperación internacional para funcionar.

Con este panorama casi desolador, al que hay que sumar el uso “insostenible del rico patrimonio cultural de Centroamérica”, que aglutina el 12 % de la biodiversidad mundial, Mora hace un llamado a las sociedades y los Gobiernos para que apuesten por la educación “como ese factor necesario mas no suficiente para inaugurar una nueva fase de progresivo bienestar y progreso social”.

“Esto es hoy particularmente relevante porque estamos en un proceso avanzado de transición demográfica”, pues la región nunca ha tenido tanta población joven en edad productiva como ahora: “Una oportunidad de oro que ya aprovecharon en los años 80 y 90 los tigres asiáticos para dar saltos significativos en materia de crecimiento económico y desarrollo”.