De acuerdo con los datos, se aprobó un incremento general de G. 260.000 para los 4.100 funcionarios de la telefónica; y de G. 430.000 (adicional a los G. 260.000) para los 700 funcionarios que tienen 11 años de antigüedad o más. El costo total de este incremento asciende a unos G. 17.771 millones (USD 3,016 millones) al año, aproximadamente.
Asimismo, Copaco decidió que este beneficio salarial se dará en forma progresiva al personal que cumpla 11 años en la empresa. El argumento esgrimido es que el incremento fue otorgado luego de cuatro años de no modificarse la tabla salarial.
Brizuela recordó que el artículo 155 de la Ley que aprueba el Presupuesto 2016 establece que las sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado no podrán realizar modificaciones del anexo de personal durante el presente ejercicio sin autorización expresa del Consejo de Empresas Públicas. “Ellos hicieron un ajuste para el Presupuesto 2016 y eso no está autorizado por el Consejo. Entonces la recomendación que se dio a Copaco es que paguen los salarios, pero con montos del año pasado, y el ajuste tienen que poner a consideración del Consejo”, explicó.
EFICIENCIA. Indicó que la idea es que los ajustes estén supeditados a mejoras de eficiencia. Agregó que el incremento fue aprobado en forma silenciosa, en una asamblea realizada en diciembre del año pasado, sin presentar lo resuelto al Consejo de Empresas Públicas.
Los directivos de Copaco se comprometieron a informar sobre el incremento aprobado entre mañana y el martes. El Consejo de Empresas Públicas sesionará sino mañana, el lunes de la próxima semana. Brizuela dijo que el incremento aprobado es solo para salarios y no de beneficios adicionales, aunque desconoce si alcanza a todos los funcionarios de la telefónica y cuánto es el costo total de lo aprobado.
El Consejo Nacional de Empresas Públicas es la instancia encargada de establecer y coordinar la política nacional de administración integral de las empresas públicas, que rinde cuentas de sus acciones al Poder Ejecutivo. Entretanto, la Dirección General de Empresas Públicas (DGEP) es el órgano técnico del Consejo.
Brizuela indicó que este es el único caso registrado entre las sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado. Las demás empresas que deben rendir cuentas al Consejo de Empresas Públicas de todo lo que realizan son la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima (Essap SA); Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa); y Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anónima (Fepasa).
El presupuesto de estas entidades no es aprobado por el Congreso Nacional, como ocurre con las entidades del Estado, pues iniciaron el proceso de privatización pero nunca lo culminaron.