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Nacional
miércoles 17 de agosto de 2016, 14:26

El 90% de los menores infractores permanece recluido sin condena en Paraguay

El 90% de los menores de edad acusados de infringir la ley que permanecen recluidos en centros educativos de Paraguay no ha recibido condena por su presunto delito, dijo este miércoles a Efe el director del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor de Paraguay (Senaai), Orlando Castillo.
EFE

El sistema penal adolescente sostiene que el plazo máximo de reclusión sin condena para un menor de 18 años en Paraguay es de seis meses.

Sin embargo, los adolescentes pasan en promedio alrededor de un año recluidos en centros educativos sin recibir condena, e incluso hay casos de menores que llevan más de tres años encerrados esperando a que se inicie su juicio oral, explicó Castillo.

"En todo el sistema penal adolescente, no hay más de 20 menores de edad condenados por delitos, mientras que hay más de 350 con penas privativas de libertad que no tienen condena", dijo el director del Senaai.

El abuso de la prisión preventiva genera superpoblación en los centros de menores, y es común también en el sistema penitenciario adulto, donde un 78 % de los internos no ha sido condenado, según cifras del Ministerio de Justicia.

Castillo realizó estas declaraciones después de que este miércoles se produjera en el centro educativo de Ciudad del Este, la segunda urbe del país, un intento de motín, ya controlado, que se saldó con un interno herido por balines de goma mientras escalaba la valla del centro para fugarse, y que se encuentra recibiendo asistencia médica.

El director del Senaai matizó que solamente los agentes que custodian el perímetro exterior de los centros de menores pueden llevar armas con munición no letal, como balines de goma, que solo pueden usar para abortar un intento de fuga, como en este caso.

El motín fue encabezado por un grupo de internos ya mayores de edad, que habían sido autorizados a permanecer en el centro hasta los 20 años si presentaban buena conducta, pero que tras estos sucesos fueron trasladados a una penitenciaría para adultos.

Los internos protestaban por los recientes cambios en la dirección del centro educativo, motivados por denuncias de presunta extorsión contra algunos funcionarios, reveló Castillo.

Agregó que estos cambios forman parte de una "transición" en los centros de menores, que antes se manejaban como prisiones, y hoy se pretenden enfocar desde un punto de vista educativo.

"Ya no se toleran golpes y torturas contra los internos, ni ningún tipo de extorsión. La posible existencia de estos hechos implica separar del cargo a algunos funcionarios, hasta que logremos sanear todo el sistema penal adolescente, en el marco de las garantías de los derechos humanos", expuso.

Castillo añadió que en el centro educativo de Ciudad del Este también fue incautado recientemente más de un kilo de marihuana.

Detalló que casi la totalidad de los menores internos en centros educativos tiene problemas de consumo de drogas, y la mitad de ellos son policonsumidores, es decir, usan conjuntamente diferentes drogas como marihuana, crack, cocaína, pastillas, alcohol o tabaco.

Castillo lamentó que Paraguay solo disponga de un centro de atención a personas con adicciones que tiene 17 camas, lo que obliga a que en los centros de menores muchos funcionarios tengan que ejercer el papel de enfermeros y de terapeutas en deshabituación de drogas, en muchos casos sin tener formación para ello.

A esta sobrecarga de funciones se agregan los "bajos salarios" de estos funcionarios que, según Castillo, les hacen más vulnerables a la corrupción.

Hace exactamente un año se produjo la fuga de 24 menores del Centro de Educación Integral de Itauguá (centro), la mitad de los cuales fueron capturados o regresaron al centro acompañados por sus familiares.

En relación con este centro de menores, Paraguay cuenta con una sentencia en su contra dictada en 2004 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violar los derechos a la vida, la integridad personal, el debido proceso y la protección judicial de los casi 4.000 jóvenes que estuvieron internos en él entre 1996 y 2001.