Alegre, en conferencia de prensa durante esos días, había culpado a José Ortiz de haber dado la orden para que la Policía ingrese al PLRA, lo que derivó en la muerte del joven Rodrigo Quintana. Esto le valió la demanda de Ortiz, por difamación, injuria y calumnia.
La defensa del titular del PLRA alega que esta providencia no se encuentra ajustada a derecho, además de que viola la garantía constitucional de la defensa en juicio de su representado. En consecuencia, solicitan la suspensión de la audiencia de conciliación fijada para el 4 de mayo, a las 7.30.
Los abogados citan una serie de argumentos que a criterio de los profesionales son suficientes para no dar lugar a la demanda y el Juzgado rechace su providencia y cancele la demanda.
