26 abr. 2024

Duras críticas a servicios brindados en predio cedido por ediles de capital

Según el testimonio de antiguos vecinos del barrio Campo Grande, la atención médica que brindó en algún momento el Centro de Acción Social Universitaria (CASU) en favor de la ciudadanía fue siempre deficiente y limitada y hoy prácticamente es nula.

Foto: UH Edicion Impresa

Foto: UH Edicion Impresa

La referida entidad ocupa desde 1973 un inmueble del dominio privado municipal de casi 6.000 metros cuadrados en la mazana ubicada entre Madame Lynch y Juez Pino y Aviadores del Chaco y Punta Brava. Fue cedido a ese centro el pasado miércoles por resolución de la Junta Municipal, en una decisión cuestionada por varios ediles.

El asesor jurídico de la Intendencia, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, adelantó que el jefe comunal vetará ese fallo de la corporación.

Lorenzo Rojas (76), quien dijo habitar ese sector asunceno desde que era un niño, recordó que en ese inmueble tenían una canchita donde jugaban al fútbol, hasta que fue otorgado al ex diputado stronista Nicanor Alfredo Molinas para habilitar una clínica. “El CASU funcionó siempre a medias. Y ahora hace como tres años que no cumple ninguna función. El terreno se volvió sucio y abandonado. Y hasta hay una playa de venta de vehículos”, comentó.

Recordó que un grupo o asociación de médicos, presumiblemente del IPS, quiso habilitar en la propiedad una unidad de terapia intensiva, para lo cual hicieron una construcción de 50 metros cuadrados, que tampoco tuvo éxito y hoy está abandonado.

CUESTIONAMIENTO. Por su parte, Aurora Galeano (50) cuestionó duramente la decisión de la corporación al ceder el valioso terreno a una entidad que ya no funciona.

“No sabemos si el CASU es una fundación o asociación. Tenía un fin social, pero eso nunca fue así. Cuando cayó la dictadura, los equipos odontológicos que estaban ahí desaparecieron. La gente del barrio nunca fue beneficiada con ninguna atención”, sentenció.

Apuntó que hay tres locales, un gym, un show room de somieres y otro donde funcionaba una farmacia, que rinden G. 40 millones mensuales en alquiler. “No era esa la función para la que se otorgó el predio a los Molinas”, concluyó.

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