La Cámara de Diputados sancionó ayer la Ley “Que modifica el artículo 255 de la Ley Nº 213/1993, Código del Trabajo, y deroga el artículo 256 del mismo”, con lo que solo queda la promulgación del Poder Ejecutivo para que se concrete el reajuste del salario mínimo legal vigente, que hasta ahora es de G. 1.824.055. El proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo.
Se calcula que el incremento será de 7,2% y entrará a regir ya desde diciembre próximo.
De esta manera, se deja de lado el modelo que establecía el criterio de reajuste del salario mínimo condicionado al incremento del 10% del costo de vida. Como la evolución de la inflación en el país durante los últimos veinte años registra un índice anual menor a ese porcentaje, el Poder Ejecutivo había considerado mejor que llegada la fecha de junio de cada año, el Consejo de Salarios Mínimos (Conasam) estudie automáticamente la posibilidad de reajustar el sueldo en el mismo nivel de la inflación acumulada anualmente.
La excepción se hará, en esta primera etapa, cuando se calcule el nivel de inflación acumulada desde diciembre próximo a junio del año venidero; y en lo sucesivo anualmente se hará la revisión para que entre en vigor desde julio de cada periodo un reajuste aprobado por el Poder Ejecutivo.
Recordemos que el empresariado solicitó que la ejecución del incremento se dé recién en enero próximo, pero no prosperó.
Incluso, representantes de la industria, como el empresario Rubén Mujica, habían indicado que un reajuste así podría resultar inflacionario, agregando que se trata de una medida peligrosa, porque hay riesgo de que se mueva la inflación; puede haber más gente perjudicada que beneficiada, según había indicado el industrial.
no inflacionario. Sin embargo, el propio ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, aclaró ayer que en la historia de los ajustes si bien en un primer momento puede experimentarse un leve aumento de precios, luego se equilibra, ya que sólo se trata de un rango del 7% y no del 20%, que sí podría tener un mayor impacto.
De acuerdo con las argumentaciones que sustentaron el interés por modificar el artículo 255 y derogar el 256 del Código Laboral, además de brindarle periodicidad a los reajustes salariales, también se eliminarían las tensiones que se generan cuando la inflación acumulada se acerca al 10%, oportunidad en que la clase trabajadora reclama una convocatoria anticipada de la Conasam, mientras que el sector privado pretende anticiparse a los incrementos de precios.
“En este sentido, la norma propuesta tiene por finalidad la adopción de una periodicidad fija anual, que diera mayor previsibilidad a todos los actores, así como permitiría contar con indicadores adicionales a los precios para la determinación de los reajustes, otorgando un mecanismo de ajuste oportuno”, menciona la nota que acompaña al proyecto finalmente aprobado por la Cámara de Diputados.
estatales. Pero no solamente los empleados del sector privado contarán con un reajuste próximamente, ya que la Cámara de Diputados también aprobó la semana pasada un aumento del 7,2% para los militares, policías (en todos los rangos) y funcionarios con salario mínimo.
De acuerdo con la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec), un 92,4% del total de funcionarios estatales ganan igual o más que el salario mínimo, quedando el resto (7,6%) los que perciben menos del salario mínimo.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2017 incluye en su nómina salarial a 290.458 estatales para el próximo año, contra 289.713 funcionarios presupuestados este año.
Junto con la media sanción de Senadores y que finalmente se sancionó ayer en la Cámara Baja, se habían presentado otros dos proyectos de Ley similares, uno de ellos de parte del diputado Mario Cáceres y otro sostenido por los diputados Aldo Vera y Víctor Ríos, pero en el debate se desecharon estos últimos, para darse aprobación final a la versión de la Cámara Alta.
Solo resta ahora que el Ejecutivo promulgue la ley.
