Eran tres guardias de seguridad civil de la empresa Mayor JR que prestaban servicios de vigilancia. Esta firma no posee sede y cita en la calle a sus funcionarios para abonarles su salario, según el oficial Édgar Grance, jefe regional de Fiscalizaciones del Departamento Contra Delitos Económicos.
Los agentes estuvieron acompañados ayer de militares de la Dirección del Material Bélico y de la oficina regional del Trabajo, sobre la calle Curupayty, casi Monseñor Rodríguez, para verificar una denuncia arrimada ante la oficina del Trabajo. La diligencia fue comunicada al Ministerio Público. Los policías encontraron a los tres empleados de la supuesta empresa de seguridad privada portando armas de fuego, en la casa de cambios.
Según los datos, tenían en su poder un revólver marca Taurus, calibre 38 SPL, con seis cartuchos; además de otro revólver marca Tanque, calibre 39 SPL, con lustre negro, con otros seis cartuchos sin percutir. Estas fueron enviadas a la Fiscalía, por ser una violación a la ley de armas.
“Los vigilantes señalan que los pagos se realizan en la calle y la empresa no está habilitada por Contradelitos Económicos”, refirió Grance.
No es la primera vez que Contradelitos Económicos realiza intervenciones con relación a los guardias de seguridad privada, por la falta de habilitación y registros de las empresas. Algunas emplean a personas no capacitadas para usar armas de fuego, según lo explicado ayer por el oficial de la Policía.
Las empresas que deseen contratar los servicios de vigilancia privada pueden verificar si las empresas están habilitadas en la página web de la Policía en la División de Seguridad Privada en la que están registradas las firmas habilitadas para la prestación del servicio, explicó el uniformado. (E.M.)
