Los abogados Eugenio Guerín Gómez, Yolanda Paredes Cubas y Nicolás Manfredo Russo Galeano presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Héctor Alfredo Duarte Chávez.
Esto, por los supuestos hechos de lesión de confianza, asociación criminal, omisión de aviso de un hecho punible y violación al patrimonio cultural y nacional.
Según el escrito, los directivos cedieron 12 hectáreas de terreno, además del edificio central, para la construcción de oficinas del Gobierno. Las obras forman parte del proyecto de Reconversión Urbana y Metrobús, encabezado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Los letrados indicaron que el pasado lunes, luego de una denuncia de funcionarios de la ANNP, una escribana se constituyó en el lugar para verificar la demolición del primer Laboratorio Hidráulico de la República del Paraguay, donde se analizó y se experimentó para la construcción de la represa de Itaipú.
Recordaron que el lugar anteriormente fue parte de la fundación de la ciudad de Asunción, además de ser en su momento la locación del primer astillero naval y arsenal para la defensa de la patria en la Guerra de la Triple Alianza.
“Tras el inicio de la demolición, varios equipos de valor histórico patrimonial fueron destruidos y otros quedaron enterrados bajo los escombros”, explicaron en el documento. Expusieron que las obras violan la Ley 5.621/16, que protege el patrimonio histórico y cultural del Paraguay.
Futuras oficias de Gobierno y terminal del metrobús
“Esta ley, en su artículo 5ª (Ley 5.621/16), explica la clasificación de los bienes culturales que integran el patrimonio cultural nacional, son conjuntos y sitios cuya arquitectura, unidad, identidad, significación histórica o integración con el paisaje les otorga un valor especial desde el punto de vista urbanístico, ambiental, paisajístico, estético o histórico”, detallaron.
A su vez, argumentaron que el incumplimiento de la legislación está sujeto a penas que van de 3 a 10 años de prisión para las personas que causaran la destrucción, menoscabo, demolición parcial o total de los bienes correspondientes al patrimonio.
Así también, los abogados explicaron que los miembros del Directorio de Puertos violaron lo que dice la Ley 1066/65, que dispone en su artículo Nº 19 la prohibición al directorio de comprometer directa o indirectamente los intereses de la ANNP en operaciones comerciales, industriales o financieras extrañas a su objeto.
Finalmente, los denunciantes solicitaron a la Fiscalía que la investigación alcance a Ramón Jiménez Gaona, del MOPC; Guillermo Sosa, del Ministerio de Trabajo; Óscar Cabello Sarubbi, de Relaciones Exteriores; Soledad Núñez, de la Senavitat, y Fernando Griffith, del Ministerio de Cultura.
Además, piden que se investigue a los ex ministros: Marta Lafuente, de Educación, y Santiago Peña, de Hacienda.
