Rubén Villalba, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Fani Olmedo y Dolores López Peralta, están acusados por los delitos de asociación criminal, invasión de inmueble y tentativa de homicidio doloso.
Por invasión de inmueble y asociación criminal, están procesados Juan Carlos Tillería y Alcides Ramírez Paniagua. En tanto, Felipe Nery Urbina, por frustración de la persecución y ejecución penal. La defensa solicitará el sobreseimiento de los 12, ya que considera que hay vicios en la investigación.
La defensa habló del acta de acusación presentada el 16 de diciembre por el fiscal Jalil Rachid y que fue ratificada en el juzgado.
En primer lugar, el abogado Vicente Morales se refirió a la cronología de los antecedentes que presenta la acusación, con relación a ocupaciones anteriores del inmueble conocido como Marina Cué. “Hace un impreciso relato novelesco en el que en ningún momento se menciona a nuestros representados, con la sola excepción de Rubén Villalba”, expresó Morales.
La acusación continúa con el ítem “El Plan”, en tal sección se habla de un supuesto plan orquestado por los acusados para resistir al desalojo y dar muerte a los policías, “jamás existió una orden de desalojo”, señaló el abogado.
El defensor cuestiona que en la acusación no se prueba cómo se concluye que hubo dicho plan. Dijo que se recurrió a frases generales, vagas e imprecisas tales como “pusieron en marcha todo su conocimiento sobre armas y preparación sobre posicionamiento táctico en el lugar”, pretendiendo de esta manera eludir la obligación de relatar los elementos de convicción que motivan la acusación, siempre según lo señalado por la defensa.
La acusación señala en el mismo ítem que todos los ocupantes de Marina Cué, ya el 14 de junio de 2012, tenían pleno conocimiento de este plan organizado, puesto que cada uno de ellos sabía que debía cumplir una función en particular, que efectivamente se concretó el día 15 de junio de 2012. “Es imposible inferir, de qué modo el fiscal llegó a la conclusión de que los acusados tenían pleno conocimiento del supuesto plan”, espetó el abogado durante el pedido de sobreseimiento.
Homicidio. En lo que respecta a la acusación por el delito de tentativa de homicidio doloso, “en el desarrollo se repite una y otra vez que los acusados contaban con la determinación de matar, sin tan siquiera esbozar hechos concretos que permitan arribar a tan temeraria conclusión”, siguió diciendo Morales.
En el desarrollo de la tentativa, “en todo momento se refiere a la causación del resultado, la muerte de los policías, situación esta que excluye a la tentativa, dicho de otro modo, existiendo el resultado, no puede haber tentativa, es decir, las muertes acaecidas”, dijo el abogado.
“No se pudo probar quién mató a quién y con qué armas, siendo que los acusados tenían escopetas de las cuales una nomás ha sido percutida”, mencionó.
Además, destacó que no se respetó la cadena de custodia de las evidencias, no se cuentan con las imágenes de la cámara de helicópteros e indicó que no se tienen las evidencias para tal acusación, por lo que corresponde el sobreseimiento.
Se refiere además en la acusación, que los campesinos tenían conocimiento en materia de armas y de anatomía humana para disparar hacia la zona de los órganos más vulnerables, “afirmaciones que no cuentan con sustento alguno, como todo lo expuesto en la acusación, pero que si eventualmente nuestros defendidos contaran con esos conocimientos, tampoco configura hecho punible alguno”, mencionó.
En cuanto a la acusación por asociación criminal e invasión de inmueble, significó que “si no hay invasión no hay dolo de cometer asociación criminal”, en alusión a que la propiedad donde ocurrió la masacre está en litigio y aún se desconoce si pertenece a Campos Morombí o al Estado.
Señaló también que el fiscal tuvo la intención en la acusación de confundir con la idea de que constituye un hecho punible la creación de una comisión vecinal o el simple hecho de figurar en un censo, es decir, el cuaderno hallado en el campamento.
Cuestionó la afirmación de Rachid sobre la función de las mujeres y niños en la ocupación que, según la acusación, consistió ese día concreto, en actuar de señuelo en la primer línea, para que los efectivos del orden, al verlos, ingresaran hasta la zona denominada “cero”, para luego huir. “Ni los grupos extremistas exponen a sus hijos en hechos como estos”. Manifestó que se infirió en esta idea sin pruebas.
Inviable. “Es inviable todo lo que ellos plantean. Ellos dicen que la acusación del Ministerio Público no tiene validez, que no reune los requisitos formales. No coincidimos en ninguno de los puntos con la defensa y mañana (viernes) vamos a contestar sus requerimientos”, dijo por su parte el fiscal Jalil Rachid.
