Organizaciones ambientales se pronunciaron una vez más contra el Decreto N° 7702 del Poder Ejecutivo, por considerarla como una norma que respalda el “crimen forestal”. El documento fue promulgado en setiembre por el presidente Horacio Cartes.
El decreto reglamenta el artículo 42 de la Ley Forestal, el cual habla de que todas las propiedades de más de 20 hectáreas en zonas forestales deberán mantener el 25% de su área de bosques naturales.
Preocupados por esta decisión del Ejecutivo, convocan para este viernes 1 de diciembre a las 19.00 a una “mega caravana” para salvar al país de un hecho criminal, explicó una de las organizadoras del evento, Brigitte Fuzellier de la organización Salvemos los Bosques del Paraguay.
De la caravana pueden participar personas que se desplacen en automóviles, camionetas, motocicletas y bicicletas. El encuentro será frente a la Secretaría del Ambiente (Seam), en Madame Elisa A. Lynch Nº 3500 casi Primer Presidente.
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“Están en peligro la fauna y la flora de nuestro país. El decreto da pie a una deforestación criminal. Vamos a movilizarnos hasta que se derogue esta ley, las veces que sea necesario. Estamos trabajando con gente de otros países para que se acoplen a la lucha”, dijo en contacto con Última Hora.
A criterio de la ambientalistas, el Gobierno tiene poco interés en cuidar los bosques y expone a la tierra a un desastre natural. “Quedaríamos sin bosques. Nos afectarían los fuertes vientos, los cambios climáticos, se van a secar cauces...”, refirió la mujer.
Esta movilización ya fue realizada en la noche del viernes pasado, con la participación de varias organizaciones sociales que se sumaron a la causa. Sin embargo, esta vez esperan que la participación sea mayor.
Decreto. La normativa presidencial, entre otras cuestiones, establece las formas en las que un propietario puede paliar el déficit de porcentaje de conservación.
Al respecto, las organizaciones ambientales se pronunciaron en contra de esta normativa y decidieron movilizarse de manera nacional y pidieron la derogación del decreto presidencial por supuestamente atentar contra el medioambiente.
